El paso ya está dado. La decisión de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, de declararse competente y abrir una investigación penal por la invasión de Ceuta porque considera que los hechos pueden constituir, entre otros, delitos contra la paz o la independencia del Estado y contra la integridad territorial, supone, en la práctica, la puesta en marcha del contador que puede acabar con uno, varios o todos los miembros del Gobierno en el Tribunal Supremo. Ya no estamos únicamente ante una crisis migratoria, como han sostenido en vano Pedro Sánchez y sus ministros. La Audiencia Nacional considera que la entrada de alrededor de 80.000 personas podría formar parte de una actuación organizada con finalidad desestabilizadora, incluso dentro del concepto de guerra híbrida. En el andamiaje político construido por Sánchez en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, cuando defendió que no existían pruebas concretas de que Marruecos hubiera organizado la operación, se ha abierto una vía de agua: una jueza de la AN cree que existen indicios suficientes para investigar precisamente una actuación favorecedora desde el país africano.
Evidentemente, aún no se puede afirmar que Marruecos organizó el ataque, ya que todavía no está judicialmente probado, pero, después del informe policial, ya resulta mucho más difícil sostener que no existen elementos serios que apunten a Marruecos, más después de esta resolución de la Audiencia Nacional. La jueza Tardón no va a dejar este hueso tan fácilmente, eso es seguro. De hecho, ha abierto una pieza separada secreta para determinadas diligencias relacionadas con la seguridad del Estado, lo que indica que la investigación puede ir bastante más allá de averiguar quién convocó a los migrantes por redes sociales. Y en el trasfondo de todo ello, una cuestión extraordinariamente peliaguda para el Gobierno: qué sabían Interior, el CNI y Presidencia antes del 30 de julio y cuándo lo supieron. El auto de este lunes da pistas de hacia dónde puede ir toda la investigación: en primer lugar, Tardón no puede procesar personalmente a Pedro Sánchez ni a los ministros, ya que están aforados.
Aún no se puede afirmar que Marruecos organizó el ataque, pero, después del informe policial, ya resulta mucho más difícil sostener que no existen elementos serios que apunten a Marruecos
Lo que sí puede hacer, en el marco de sus competencias, es investigar los hechos hasta que aparezcan indicios individualizados contra ellos y, llegado ese momento, remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo. Hasta hoy eso no era posible, pero ahora esa posibilidad es jurídicamente imaginable, porque Tardón ya ha asumido que puede estar ante una actuación organizada que atacó gravemente la integridad territorial española. Por eso, todo apunta a que la Audiencia Nacional va a estirar del hilo para saber, primero: ¿quién organizó la operación?; segundo: ¿qué participación tuvo Marruecos?; tercero: ¿qué sabía España?; cuarto: ¿desde cuándo lo sabía?; quinto: ¿qué hizo con esa información?; y sexto y último, si llega hasta aquí: ¿hubo mera negligencia en la gestión política o, por el contrario, hubo algún tipo de colaboración deliberada? Llegar hasta este sexto punto es en estos momentos el sueño húmedo de la derecha, que ya deja entrever sin ambages que el final de la carpeta Ceuta tiene que ser el Tribunal Supremo.
Si Pedro Sánchez tiene judicialmente un horizonte devastador —con una docena de casos de su entorno familiar o político abiertos y, además, están los del expresidente Zapatero o de financiación del PSOE—, le faltaba, tan solo, que la judicatura pusiera en el punto de mira una actuación tan clamorosa como la del Gobierno. En su artículo del domingo, un columnista tan conocedor de los entresijos del Estado y con fuentes en el mismo palacio de la Zarzuela escribía sobre la situación de Sánchez: "Todas estas circunstancias hacen que el sistema localice sus medidas de autodefensa. Y como la responsabilidad política no existe, solo queda la judicial, la que se dirime en los tribunales". No es una frase baladí, ni mucho menos superflua. Quién sabe si dos jueces en excedencia, como la ministra Margarita Robles y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en previsión de todo eso, ya jugaron abiertamente sus cartas cuando la primera se distanció de la posición oficial del Gobierno y el segundo sostuvo que él no sabía nada, ni le llegaron informes precisos de la invasión marroquí.