Que siete de los ocho ultraderechistas condenados por el asalto a la librería Blanquerna de la Generalitat, en Madrid, ya dispongan del tercer grado y uno de ellos lo haya obtenido cuando aún no se cumplía un mes de su ingreso en un centro penitenciario no tiene explicación alguna. Y la que tiene, que todos ustedes pueden también imaginársela o sospecharla, es tan inmoral que cuesta de creer que la justicia sea tan ideológicamente parcial. Claro que hay numerosos ejemplos en Catalunya en que la situación ha sido radicalmente a la inversa, sin ir más lejos, lo que les costó a los presos independentistas conseguir el tercer grado y la rapidez con que el Tribunal Supremo incluso llegó a revocarlo.

Realmente, el de los ultraderechistas que asaltaron la librería Blanquerna es un caso de manual que solo se explica desde el primer momento por razones ideológicas. Estamos hablando de unos hechos ocurridos en septiembre de 2013 y que después de numerosos vericuetos ―con una instrucción del Tribunal Constitucional que obligó al Supremo a volver a redactar la sentencia, haciendo suprimir el agravante por discriminación ideológica― obtuvo sentencia firme del TS en julio del año 2020. Así, siete años habían transcurrido desde que aquellos energúmenos entraron de manera violenta en el recinto de la librería y centro cultural para alterar e impedir la celebración del 11 de Setembre, la Diada Nacional de Catalunya, que se estaba llevando a cabo.

Pero no había acabado todo ahí. La sentencia firme del Supremo se fue sorteando con trámites judiciales diversos y la condena quedó en casi tres años de prisión por desórdenes públicos. Tuvo que pasar bastante más de un año para que los ultras empezaran a ingresar en prisión y el último de ellos, Pedro Chaparro, máximo responsable del partido neonazi Democracia Nacional, que lo hizo a mediados de marzo, ya dispone también del tercer grado. Este régimen penitenciario les permite que solo vayan a dormir a la cárcel de domingo a jueves y el resto del tiempo, incluido el fin de semana, estén en libertad.

Aunque ya sabemos desde hace mucho tiempo que la justicia en España no es igual para todos y los líderes independentistas y otros 3.000 represaliados lo conocen directamente, no se tendría que aceptar sin denuncia alguna este tipo de situaciones. No porque suponga un trato diferente hacia los independentistas catalanes, sino porque lo que se puede acabar desprendiendo de cómo han ido estos casi nueve años del caso Blanquerna es que la ultraderecha ha jugado esta batalla judicial con las cartas marcadas. Sabiendo que, en última instancia, ya encontraría refugio a lo largo del proceso judicial. Y eso es grave y preocupante. ¡Cómo no va a crecer Vox si el terreno está más que abonado y la España en blanco y negro acaba teniendo los principales resortes del Estado!