Un Tribunal de Cuentas más que caducado y que ha tenido durante semanas en un cajón la decisión sobre el aval de 5,4 millones de euros del Institut Català de Finances (ICF) para la fianza de una treintena de altos cargos de la Generalitat se ha apresurado a desempolvarlo, en la mañana de este jueves. Justo cuando ha conocido, por los medios de comunicación, que PSOE y PP habían llegado a un acuerdo para la renovación de varios organismos con el mandato expirado, él mismo incluido.

Por si quedaban dudas de la politización de todo el procedimiento, casi me atrevería a decir que estamos más cerca de la venganza que de la justicia. El Tribunal de Cuentas —que no es ningún tribunal de justicia sino un organismo compuesto por representantes de los partidos y que hace de sobras honor al nombre con que se le conoce: Tribunal de Ajuste de Cuentas— ante una decisión tan controvertida no ha hecho lo más elemental. No ha dejado la decisión para los miembros recién nombrados, sino que ha demostrado, una vez más, que actúa primando la persecución implacable de una ideología.

Sobre los bienes de altos cargos tan significativos como los expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, se ha dictado orden de ejecución de sentencia para hacer frente a la fianza de 2 y 2,8 millones de euros, respectivamente, como máximos responsables de la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. Lo mismo sucede con el ex vicepresident Oriol Junqueras, los exconsellers Andreu Mas-Colell, Francesc Homs y Raül Romeva y altos cargos de la época perseguidos por un organismo desprestigiado y de un sesgo político evidente.

Que la decisión de rechazar el aval del ICF para las fianzas de los líderes independentistas es claramente política está fuera de toda discusión. Que la fecha escogida, con sus miembros en la recta de salida, con el mandato caducado desde el pasado mes de julio, y coincidiendo con el segundo aniversario de la sentencia del 1-O lo es todo, menos una casualidad. Entre otras cosas, porque la persecución desde el mismo verano de 2017 ha sido orquestada por el deep state, siempre atento a demostrar que la represión sigue intacta y que no va a bajar la guardia por más contorsiones voluntarias o forzadas que hagan los políticos independentistas. El guión del deep state no es el de la Moncloa.

Un nuevo Tribunal de Cuentas igual habría puesto en la balanza cosas tan evidentes como que el Consell de Garanties Estatutàries lo había aprobado por unanimidad, que el abogado del Estado del Tribunal de Cuentas se inhibió y le pasó la decisión a su superior, que no hizo otra cosa que mantener la ambigüedad y no dar la respuesta afirmativa de rechazo del aval que el Tribunal de Cuentas esperaba. Es más, en su escrito llamó la atención al organismo sobre el hecho de que el Gobierno español no lo había recurrido, así como los diferentes obstáculos que el aval había superado.

El conseller de Economia, Jaume Giró, artífice del artefacto político-económico-jurídico para dar cobertura a los servidores públicos, anunció la presentación de un recurso, que no paraliza la orden de embargo pero que, en función de la premura con que se lleve a cabo el relevo, no serán ya los actuales miembros del Tribunal de Cuentas quienes tengan que decidir. Dudo que haya margen para un cambio de opinión, pero en una partida —aunque el árbitro sea del equipo contrario— hay que devolver todas las pelotas, incluso aquellas en las que parece imposible ganar el punto.