El último en decirlo ha sido el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente: la retirada del 155 va a depender del gobierno que salga de las elecciones al Parlament de Catalunya del próximo 21 de diciembre. O sea: primero miro los resultados y veo si me gustan, si me permiten seguir con la política de laminación de la autonomía, la lengua y la cultura catalana. Hablo con PP y Ciudadanos, y si podemos gobernar, lo levantamos; y si no, decimos que no se dan las circunstancias para ello.
Hasta la fecha solo habíamos oído este discurso de boca de portavoces del PP. Sonaba tan irreal que parecía que no era creíble. ¡Gran error! Ahora sabemos que cuando se aprobó en el Senado el 155 no solo se cesaba al Govern, se suprimía la autonomía y se convocaban una nuevas elecciones en Catalunya, sino que, en función de lo que votaran los catalanes, se haría una cosa u otra. No es suficiente con que haya un candidato en el exilio —Carles Puigdemont— y otro en prisión —Oriol Junqueras—, con los inconvenientes que ello supone para llevar a término cualquier campaña electoral. Es necesario también que los catalanes no los voten. Que voten a “candidatos normales”.
El hecho de que todo esté pensado no quiere decir que sea irreversible. Una marea de votos independentistas haría inviable cualquier acuerdo de despacho entre PP, PSOE y Cs. El Estado lo sabe, y por eso ha organizado estas elecciones tan anómalas. Falta por ver si el independentismo lo entiende así antes del día 21 o espera a lamerse las heridas el día después.