El president de la Generalitat, Quim Torra, y su vicepresident, Pere Aragonès, comparecieron este viernes en una conferencia de prensa conjunta, después de leer una declaración institucional, en la semana más negra de este Govern. Casi ocho días ha durado el balanceo hacia el precipicio de un ejecutivo al que le ha costado encontrar el tono entre actuaciones policiales desafortunadas, afirmaciones más que discutibles en actos de Govern, declaraciones encendidas en el Parlament entre los dos partidos de la mayoría independentista que le dan apoyo y algún que otro reproche por whatsapp o en los pasillos de la Cámara catalana. Parece que este vaivén cada vez más acelerado hacia el despeñadero se ha detenido aunque si hemos de ser sinceros tampoco nadie está en condiciones de asegurar que el peligro de caer en el abismo haya desaparecido.

La primera prueba de fuego será la sesión del Parlament del próximo martes a las 15 horas, cuando continuará el pleno que quedó aplazado este jueves. La discusión se reanudará allí donde se dejó: la delegación de voto del president Puigdemont y de los diputados de su grupo parlamentario presos en Lledoners, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Hasta que este pleno no finalice no se podrá dar por conjurado el conflicto que ha afectado a la mayoría gubernamental. Del acuerdo de este viernes destaca el compromiso de mantener el pacto de legislatura, al menos, hasta el día que se hagan públicas las sentencias contra los líderes sociales y el Govern destituido por el 155. No es, por tanto, un acuerdo cerrado a día de hoy para los cuatro años de la legislatura ―nunca se ha verbalizado así― pero tampoco tiene una hipotética fecha de finalización fijada, ya que nadie sabe cuándo va a ser el juicio y menos cuándo se pueden hacer públicas las sentencias.

Tanto es así que, hoy por hoy, la celebración del juicio se mueve entre principios del año que viene o incluso después de las elecciones municipales si el gobierno de Pedro Sánchez ocupara el primer trimestre del 2019 con la campaña de unas elecciones generales en España que hoy nadie descarta. En resumen, al tratarse de un juicio de varios meses, entre dos y tres, si los procesos electorales van ocupando los huecos del calendario que están libres, podríamos, en la versión hoy más lejana en el tiempo, no tener sentencia hasta finales del 2019 o principios del 2020. Mucho tiempo para descartar que antes no haya habido una nueva crisis en Catalunya dado el recelo con que se miran los dos partidos del Govern.

Un último comentario: de todas las crisis se sale siempre más debilitado. ¿Es este también el caso? Seguramente sí, pero como que ya entraron en el conflicto muy debilitados tampoco hay que descartar que sea un punto de inflexión. El tiempo lo dirá.