No podía ser más oportuno el informe elaborado por la Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat sobre la actuación de los grupos de ultraderecha en Catalunya y las agresiones que han cometido. Sobre todo, porque a partir de las cifras documentadas poco debate puede haber. En total, se han contabilizado una veintena de grupos que actúan en Catalunya y que habrían cometido 328 agresiones en los últimos dos años. Algo menos de una agresión cada dos días, una cifra realmente preocupante. La metodología que aplican es bastante sistemática: se organizan de forma paramilitar y actúan sobre todo en municipios de mayoría social independentista con la voluntad de intimidar a la población.

Aunque la documentación recogida arranca desde enero de 2017 y pone negro sobre blanco un tema que en buena medida ha sido considerado tabú, o minimizado, por las fuerzas policiales, los datos no hacen sino corroborar la preocupación ciudadana existente. Es necesario que el fenómeno se aborde como un problema policial y de seguridad, no político. Estas actuaciones violentas que muchas veces se saldan sin mayores consecuencias no hacen otra cosa que crear el caldo de cultivo necesario para que se reproduzcan en muchos otros sitios. Incluso peor, que se extienda la sensación de una cierta impunidad con los violentos de una ideología muy determinada.

A la ultraderecha se la combate democráticamente en las urnas y policialmente cuando tiene un comportamiento violento. La irrupción electoral de un partido como Vox y algunas actitudes de dirigentes de Ciudadanos y del Partido Popular les otorgan, además, una cierta pátina de normalidad a sus acciones. No hay que engañarse: la violencia oficial del 1 de octubre y las continuadas proclamas del "¡A por ellos!" han sido el mejor salvoconducto para poder moverse con una libertad que antes no tenían por muchas poblaciones catalanas. El 155 potenció esta percepción ciudadana y miembros de estos grupos han sembrado el terror en muchas calles del país. Ciudadanos, PP y, obviamente, Vox, juegan a una cierta protección de estos grupos mientras sus políticas convergen cada vez más hacia la derecha extrema.

Por ello no es extraño que el relator de minorías de la ONU, Fernand de Varennes, residente en Canadá, que estos días está trabajando en su informe sobre la violación de derechos en Catalunya, además de rechazar las acusaciones de rebelión a los presos políticos, esté analizando la cuestión de las víctimas de la intolerancia y el gran número de incidentes relacionados con los catalanes. Algo para él sorprendente, ya que si bien estas situaciones suelen afectar a minorías como la comunidad gitana o los inmigrantes, a raíz de los acontecimientos sucedidos en Catalunya en 2017, el foco también se ha dirigido hacia aquí.