El gobierno vasco y el PNV recibirán en las próximas horas un importante balón de oxígeno de Pedro Sánchez y el gobierno español en forma de traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, una auténtica joya de la corona para un ejecutivo que tiene como ningún otro todos los resortes económicos para que Euskadi funcione. Leer esta noticia —de la cual, obviamente, me alegro por los vascos y las vascas que notarán inmediatamente la mejora— al lado de la discusión sobre la fecha de la reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán no hace sino dejar a la vista como de minúscula puede ser la política y poner ante el espejo la cruda realidad: tanto da que el inquilino de la Moncloa sea del PP o del PSOE, siempre el gobierno vasco, o, lo que es lo mismo, el nacionalismo vasco, acaba sacando una tajada enorme de las negociaciones que mantiene mientras el nacionalismo catalán antes o el independentismo ahora encuentra la puerta siempre cerrada a todas sus reclamaciones.

Y no es cuestión de quién está al frente de la Generalitat o del proceso de independencia iniciado por el gobierno catalán, ya que eso solo afecta a las presidencias de Quim Torra y de Carles Puigdemont. Hasta el año 2012, la presidencia de Artur Mas tenía el apoyo en el Parlament del PP y era exactamente igual. Antes le sucedió a José Montilla y previamente a Pasqual Maragall: ninguno de los dos presidentes socialistas tuvo un caramelo tan goloso como la gestión de la Seguridad Social. Estamos hablando de un mapa autonómico cerrado a cal y canto para Catalunya desde Madrid a partir del año 2000 y la mayoría absoluta de Aznar. O sea, hace ahora veinte años, y ni la apuesta del nuevo Estatut fue capaz de ser cumplida por el Estado, que lo desmontó pieza a pieza.

Ustedes, que son lectores inteligentes, se imaginarán que a partir del anuncio que ha hecho la secretaria general del PSE-PSOE, Idoia Mendia, hay una auténtica guerra civil de autonomías del PSOE y del PP criticando la transferencia al País Vasco. O una oposición frontal del PP y Ciudadanos a la medida, utilizando los clásicos argumentos de la ruptura de la unidad de España. Por mucho menos en Catalunya hemos asistido a unos espectáculos en el Parlament que solo se justifican para generar un falso relato sobre las reivindicaciones catalanas en infraestructuras, financiación autonómica o traspasos de competencias. Por no decir, la reclamación en 2012 de un sistema de financiación autonómico que se asemejara al concierto vasco y que recibió un sonoro portazo de la Moncloa, con los grandes partidos del Congreso de los Diputados aplaudiendo a rabiar, y que precipitó de una manera irreversible la situación política actual existente en Catalunya.

Siempre he envidiado la unanimidad de los partidos vascos —desde el PP a Bildu— planteando sin fisuras el traspaso de competencias. Ningún partido en Euskadi se plantea renunciar al concierto o cuestionarlo, y Ciudadanos, que se atrevió en algún momento a ello, es una formación casi clandestina ya que no tiene representación institucional alguna ni en el Parlamento vasco, ni en ninguno de los ayuntamientos. Más de una vez se ha dicho que las cosas serían diferentes para Catalunya si las unanimidades fueran mayores: radicalmente falso. El Estatut llegó a Madrid con el 90% de apoyos de la Cámara catalana y fue convenientemente recortado hasta dejarlo irreconocible. Habrá que concluir, por tanto, que el problema no está tanto aquí como allí. Y, sin entender eso, es muy difícil llegar a orientar mínimamente el problema.

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