Como un reloj sincronizado, el president Quim Torra y el vicepresident Pere Aragonès han expresado su voluntad de que sean aprobados los presupuestos de la Generalitat para 2020 y, consecuentemente, sean trasladados a la cámara legislativa en cuestión de semanas; en buena lógica, debería ser antes de que finalice octubre. Es una buena noticia para un país que vive desde 2017 con las mismas cuentas públicas prorrogadas ejercicio tras ejercicio. Viene ahora la parte más difícil: pasar de las palabras a los hechos, ya que es mucho más fácil criticar al Govern por lo que no hace que arremangarse para aprobar unos presupuestos.
Unos y otros hablan de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, algo que no deja de ser un brindis al sol con unas cuentas públicas congeladas y que no reflejan las nuevas necesidades sociales y tampoco los desequilibrios estructurales. De hecho, los presupuestos con el multipartidismo actual acaban siendo un problema más difícil de lo que parece en todos sitios. La parálisis de la política española tiene su origen en la derrota presupuestaria de Pedro Sánchez el pasado mes de febrero al fallarles los votos de los partidos independentistas. Ello provocó elecciones en abril y ahí sigue todo, sin una vía clara de solución a la investidura de Sánchez y sin descartarse nuevas elecciones en noviembre.
Pero volvamos a Catalunya. Tiene derecho a intentar sacarlos adelante y a proponérselo el president Torra, dice que con la CUP. De hecho, en el 2017, últimos presupuestos aprobados, el president Carles Puigdemont lo consiguió tras hacerse con el aval de los diputados de dicha formación política. Fue una tarea titánica, con moción de confianza por en medio y la amenaza de ir a elecciones si no superaban la votación. Pero no es esa la única fórmula, aunque, seguramente, es la que da más coherencia a los resultados del 21-D desde la lógica de la mayoría parlamentaria independentista en el Parlament.
Pero hay otras opciones políticas que tampoco hay que descartar, habida cuenta del ofrecimiento de los comunes a través de Ada Colau y del PSC vía Miquel Iceta. Hay fórmulas mejores y peores; de más cómodas y de menos incómodas; de más lógicas y de más ilógicas. Pero el gran fracaso siempre es no aprobarlos. Esto un gobierno también tendría que tenerlo claro.