Como casi cada año por estas fechas, el Gobierno español de turno ha presentado los presupuestos generales del Estado; y, también, como sucede siempre que no hay mayoría parlamentaria para aprobarlos —una circunstancia que, últimamente, suele ser bastante habitual— se inicia un complejo proceso del Ejecutivo español para tejer las alianzas parlamentarias suficientes para su aprobación. También, como cada año, las cuentas incumplen la disposición adicional tercera del Estatut, que establece que la inversión en Catalunya será un porcentaje equivalente a la aportación catalana al PIB español, lo que supondría, según los últimos datos, un 19%.

Se queda cerca de cumplirlo si se mide en porcentaje, ya que se sitúa en el 17,2%, pero cuando se habla de dinero todo cuenta, ya que se trata de un 1,8% menos y la cifra se rebaja así a los 2.230 millones de euros. Estos 1,8 puntos supondrían una inversión complementaria de más de 300 millones, una cifra más que respetable, y que debería borrar de golpe la sonrisa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando dice que el Estado se ha situado, más o menos, en lo que señala el Estatut. Es cierto que mejoran respecto al año pasado, en que la inversión presupuestada fue del 16,5% pero es un dato que solo sirve para consolarse: el timo de los presupuestos será este año algo menos timo... y a correr.

Estos datos no pueden ser vistos sin otros dos que son complementarios: el primero, que la ejecución presupuestaria real del Estado durante el período 2015-2018 fue solo del 65,9% en Catalunya cuando en la Comunidad de Madrid fue del 113,9%, es decir 13,9 puntos más de lo presupuestado. Deben ser unos linces para conseguir algo así, ya que debe ser muy difícil que te destinen el dinero que no está ni presupuestado mientras Catalunya recibe un batacazo tras otro al tiempo que se habla desde Moncloa del bienestar de los catalanes.

Tan escandalosos como estos datos o incluso más, es la ejecución de la inversión presupuestada en los primeros seis meses del 2021. Según la intervención general del Estado, solo se ha ejecutado el 13% de las inversiones previstas en Catalunya en este período, un porcentaje a todas luces escandaloso. Una cifra que, si se analizan los últimos diez años, aún pondría los pelos de punta a cualquiera, ya que se ha dejado de invertir en Catalunya dinero presupuestado por un total de 28.000 millones de euros.

Es evidente que los presupuestos son un win-win cuando no hay mayorías parlamentarias en Madrid, como es el caso. Eso lo practica a la perfección desde hace años el PNV, y eso que el concierto económico y el acuerdo anual del cupo le dan una autonomía que para sí querría el Govern de la Generalitat. Aún así, llevan la negociación presupuestaria y cualquier otra en la que ellos sean imprescindibles hasta el final hablando de cosas concretas a obtener y no de cosas etéreas o ideológicas.

Porque la política, la de verdad, la de los partidos que tienen la sartén por el mango, se hace con propuestas y resultados tangibles en temas como el manido traspaso de Rodalies. Y se debe dar la batalla allí donde hay mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, y es evidente que ello se consigue con una transferencia como esta y que tanto tortura a decenas de miles de catalanes cada día. Para eso sirven los votos de los ciudadanos y no para hacer una política más o menos de escaparate de izquierdas y, en la práctica, entre liberal y socialdemócrata.