El proyecto de presupuestos del Estado para el 2022 no cumplen con Catalunya. La disposición adicional tercera del Estatut establece que la inversión en Catalunya será en un porcentaje equivalente a la aportación catalana al PIB del Estado español, es decir, del 19%, según el último dato. Y esta parte se incumple, con una inversión de 2.230 millones de euros, que representa el 17,2% de la inversión total territorializable. Por lo tanto, un punto y medio por debajo. No obstante, mejora respecto del año pasado, cuando la inversión fue de 1.999 millones de euros, que representaba el 16,5% del total. Hoy los presupuestos del Estado han sido presentados por la ministra María Jesús Montero al Congreso de los Diputados.

Respecto de las inversiones corrientes, el Estado prevé invertir un total de 2.230,74 millones de euros en Catalunya, el segundo territorio que más recibe, como el año pasado, por detrás de Andalucía, que obtiene el 17,2% del total. Son más de 200 millones más que el año pasado, pero sin llegar al 19% de la aportación catalana al PIB estatal.

 

Esta cifra no contempla los 200 millones que el Gobierno tiene que abonar en la Generalitat en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo del 2017 (y que se tendrían que haber invertido ya en 2008). No obstante, la ministra María Jesús Montero sí que los suma para poder asegurar, como ha hecho en rueda de prensa, que se "respeta" la disposición adicional tercera del Estatut. Con estos 200 millones, la inversión llegaría hasta el 18,7%. La ministra socialista ha recordado que la confección de presupuestos es un ejercicio muy complejo pero ha insistido en que las inversiones están "en línea con las previsiones estatutarias".

Por detrás de Andalucía y Catalunya se sitúan, en cifras relativas, el País Valencià con el 9,3% del total, la Comunidad de Madrid con el 8,9% y Galicia con el 8,3%. En total la administración central invertirá 13.007 millones de euros en el conjunto de las comunidades. Hay 7.378 millones más "no regionalizables" o que repercuten en varias comunidades y 1.048 millones que se invierten en el extranjero.

Preguntada por las peticiones de los grupos independentistas en la negociación de presupuestos, María Jesús Montero ha reiterado que no se puede supeditar todo a esta negociación, y que hay otras demandas que se tienen que abordar en otros ámbitos.

El independentismo, dividido

Mientras tanto, los partidos independentistas ya han empezado a mover sus fichas. Por una parte, desde de ERC reclaman que el Gobierno se tendrá que mover en otros ámbitos si quiere el apoyo de sus diputados. Fuentes de ERC constatan que el Gobierno "tiene intención de aprobar los presupuestos y después pasar a otras cosas". Pero estas mismas fuentes remarcan que a ellos estas cosas les importan. Ponen justamente el ejemplo de la ley audiovisual, que es muy "importante" y que se tiene que cerrar antes de hablar de las cuentas públicas.

Por su parte, Junts per Catalunya ha apelado a negociar de forma conjunta. En una entrevista en SER Catalunya, la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha lamentado que "Esquerra prefiere negociar por libre con el Partido Socialista". Y se ha mostrado combativa: "No pediremos perdón por negociar desacomplejadamente y por defender aquello que nos corresponde. Doblegarnos al PSOE y a sus condiciones no es ser útil para Catalunya".

Los que ya se han descolgado ha sido la CUP. De hecho, los anticapitalistas han declinado reunirse con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para hablar de las cuentas públicas españolas. La diputada Mireia Vehí ha esgrimido tres razones. En primer lugar, que el Gobierno "sigue con la lógica centralizadora, con la deriva del PP." En segundo lugar, que el ejecutivo central "no es lo bastante ambicioso" en un momento que lo requiere. Y en tercer lugar, que La Moncloa sigue negando el derecho a la autodeterminación de Catalunya y otros pueblos del Estado.

Otra cosa es la ejecución

De todos modos, una cosa es la previsión del proyecto de presupuestos del Estado y otra la ejecución, es decir, lo que finalmente se acaba invertido a la hora de la verdad. Ha sido una denuncia reiterada de muchos gobiernos, como el de la Generalitat. Por ejemplo, la ejecución presupuestaria real del Estado durante el periodo 2015-2018 fue sólo de un 65,9% en Catalunya. En cambio, en la Comunidad de Madrid lo fue del 113,9%, es decir, más de lo que se había presupuestado.

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