El hecho de que entre la decisión del Tribunal Supremo de procesar por rebelión al president Carles Puigdemont, al vicepresident Oriol Junqueras y a otros 11 dirigentes independentistas catalanes y la presentación del documental de Mediapro sobre los hechos acaecidos el pasado 20 de septiembre ante la Conselleria d'Economia haya habido tan solo una docena de horas, obliga necesariamente a ser muy cautos sobre unos delitos de enorme gravedad y que hasta la fecha están muy lejos de ser probados. Es tan así, que en su resolución, el TS se cuida mucho de asegurar que los procesados puedan ser finalmente vinculados a actos de violencia o que incitaran a su comisión para lograr el objetivo final de una declaración de independencia y argumenta que esta "es una cuestión que ahora puede ser aceptada indiciariamente y cuya resolución final precisará de la práctica de auténticas pruebas, lo que solo puede tener lugar, en su caso, en el juicio oral".

No deja de ser preocupante que sobre esa base jurídica y otras igualmente cuestionables respecto a su rigor con los hechos acaecidos entre septiembre y octubre del pasado año se haya llegado a armar una causa que tiene mucho, demasiado, de política. Y que más allá de las penas que en su día fije el tribunal retiene en tres cárceles de Madrid, en prisión provisional, a todos los encausados por rebelión, excepto a aquellos que optaron por desplazarse al extranjero a la espera de un juicio más justo. De los nueve dirigentes independentistas, quien menos lleva en prisión es Carme Forcadell y ya suma la escandalosa cifra de 97 noches en Alcalá Meco; y los Jordis, los que más, con la ignominiosa cifra de 254 noches en Soto del Real. Que ahora cerrada la fase de instrucción, y a la espera del juicio, no haya una decisión judicial de dejarlos en libertad provisional resalta el castigo ejemplarizante que se les quiere imponer por encima de cualquier otro argumento que se pueda utilizar.

Decía que la resolución del TS había coincidido con la presentación del documental que este jueves emitirá TV3. El trabajo periodístico que ha dirigido Jaume Roures deja en muy mal lugar la instrucción del juez Llarena y que afecta fundamentalmente a los Jordis. El relato oficial del magistrado del TS queda literalmente hecho añicos a través de numerosos testigos. Roures ha manifestado que los informes de la Guardia Civil son mentira, directamente, y, es normal preguntarse cómo se puede seguir manteniendo en prisión, en este caso concreto, a Sànchez y Cuixart. Qué más pruebas hacen falta para rebatir unos hechos que, más allá de la desobediencia en los 13 casos citados, son escasamente punibles por más intentos que se quieran realizar. Pero la pelota se ha hecho interesadamente tan grande por el Estado español que hacerla ahora más pequeña no es nada fácil.