Dos salas diferentes del Tribunal Supremo, la Penal y la del Contencioso, tienen este jueves sendas decisiones sobre dos cuestiones trascendentes: la inmunidad como eurodiputado de Oriol Junqueras que le ha concedido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la suspensión de la inhabilitación de Quim Torra como diputado al Parlament, que no como president de la Generalitat. En ambos casos, la decisión tendría que caer del bando de las defensas de los dos políticos catalanes. En el primer asunto, es un tema de manual que lo dictado por el tribunal europeo es de acatamiento obligatorio y, en el del president, se ha producido una usurpación de funciones de la Junta Electoral Central, que no estaba habilitada para adoptar una decisión como la que se produjo, como muy bien reflejaron los seis miembros que presentaron un voto particular frente a los siete que sacaron adelante la inhabilitación de Torra.

Por duro que sea para la Sala Segunda del Supremo y para su presidente, Manuel Marchena, la resolución del TJUE no le deja margen alguno y Junqueras debería poder estar presente en el pleno del Parlamento Europeo del próximo lunes en Estrasburgo junto a los también eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín. Es obvio que es un trágala de dimensiones colosales para Marchena y el resto del tribunal que condenó a Junqueras a 13 años de prisión ya que la bofetada a la justicia española es importante. Esa circunstancia, y el hecho de que en función de cómo evolucionen los diferentes pronunciamientos judiciales puede llegar a anularse todo el proceso y la sentencia del procés, lleva a los periodistas judiciales a pensar de que el Supremo no se dará por enterado y encontrará una fórmula para impedir la libertad de Junqueras.

Si esa acaba siendo la decisión, será un nuevo error y una oportunidad para rectificar. Porque el paso siguiente será que el Parlamento Europeo se dirija al TJUE señalando que la decisión de desacato del Supremo altera la composición de la Cámara: así, el conflicto subiría un escalón y podría acabar con llamadas de atención al Supremo o al propio Gobierno español. Marchena tiene una piedra en el zapato y cuando antes se la saque será mejor.

En el caso del president Torra, la sala del Contencioso abordará el tema por primera vez tras la perplejidad que se ha producido con la resolución de la JEC. Lo lógico sería que se suspendiera la resolución de la JEC y muchos juristas apuntan que será así. En cualquier caso, la desjudicialización de la política será un camino lento ya que durante los últimos años se la ha utilizado para resolver el conflicto catalán. No se puede ser muy optimista ya que el nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, con el aval de Esquerra, PNV y Bildu, no lo tendrá fácil para penetrar en un ámbito en el que la derecha ha copado durante muchos años y de una manera férrea las mejores posiciones para asegurar que cambie lo menos posible. O sea, nada.

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