Desde que se clausuró el congreso del PDeCAT el domingo solo se oyen en Madrid tres comentarios: al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le ha complicado en extremo la legislatura; el president Carles Puigdemont tiene tantas vidas (políticas) que ya hemos perdido la cuenta; y el triángulo Aznar-Casado-Rivera ya se ha puesto a trabajar con todas las opciones encima de la mesa por si el PSOE no encuentra un mecanismo de negociación con el Govern y se ve abocado a elecciones en España antes de lo que pensaba.

Lo más curioso del caso es que Madrid vive envuelto en su propio relato y su propio ecosistema político y mediático le oculta las noticias que tiene delante de sus propias narices. La muerte política -transitoria o no, se verá- de la coordinadora del PDeCAT estaba anunciada con fechas de antelación. Y cuando todos se pusieron a remar a fondo para rescatar a la soldado Pascal, la joven política ya estaba fuera de la nueva dirección porque un partido político es un ecosistema que sobrevive alrededor de quien garantiza la victoria electoral y ese, hoy, en la formación heredera de Convergència, no es otro que el president Puigdemont. ¿Quién era tan iluso como para pensar que con las municipales a la vuelta de la esquina y más de 400 alcaldías en juego se iba a proceder a declarar a Puigdemont perdedor de la asamblea? ¿En qué sesudos despachos se había llegado a esta conclusión?

Ha sucedido en el congreso del PDeCAT lo único que podía pasar y sí, Sánchez tiene un problema si quiere comportarse como si nada hubiera pasado. En los dos días que han transcurrido, el gobierno de Madrid ha enviado dos mensajes. El primero, a la opinión pública española: no vamos a resistir más allá de lo razonable. El segundo, al Govern, por la vía de apretar las tuercas a algunas iniciativas políticas que se habían permitido. Correoso, como siempre, ha salido al quite el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y ha puesto el dedo en las oficinas diplomáticas reabiertas por la Generalitat, cuestionándolas por no haber solicitado los correspondientes informes al ministerio. Borrell ha dicho que aplicará la ley, lo que, desde el ministerio, hay quien interpreta como una amenaza velada de cierre.

Veremos también cómo acaba la prevista reunión de la comisión bilateral Estado-Catalunya, a la que la Generalitat quiere incorporar como un punto del orden del día el derecho de autodeterminación y el referéndum y Madrid se opone. De golpe, Madrid se ha levantado pensando que de legislatura tranquila, nada de nada, y que sus 85 diputados -de 350 parlamentarios- son eso, 15 menos de 100. Muy pocos. Y, en Génova, el feudo de Mariano Rajoy hasta hace pocos días, todo tiene un aire de vuelta al pasado. A la sede del PP ha vuelto, después de más de 30 meses sin pisarla, satisfecho y ufano, José María Aznar. El futuro en aquella casa nunca tuvo tanto olor a naftalina.