Jordi Sànchez, presidente de la ANC hasta su entrada en prisión y actualmente diputado de Junts per Catalunya, es ya oficialmente el candidato a la presidencia de la Generalitat propuesto por el titular del Parlament, Roger Torrent. La sesión de investidura de Sànchez no tiene fecha, a la espera de que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana cierren el acuerdo programático de gobierno, el reparto de conselleries y el resto de flecos de una negociación compleja en que los republicanos han hecho valer sus resultados para alcanzar un reparto del 50% para cada formación. En cualquier caso, lo razonable es que Roger Torrent anuncie la fecha del pleno antes de que finalice esta semana.

La anunciada abstención de la CUP no ha cambiado el guion de las dos formaciones independentistas. Tampoco el temor a que los 70 teóricos diputados republicanos a favor de Sànchez acaben quedando en 64 después de las cuatro abstenciones anunciadas por los cupaires y los dos votos del president Carles Puigdemont y el conseller Antoni Comín, exiliados en Bruselas a raíz de la suspensión de la autonomía catalana y la aplicación del 155. Esos 64 votos serían insuficientes frente a los 65 en contra que sumarían Ciudadanos, PSC, los comuns y el Partido Popular. Un cóctel ciertamente muy variopinto y de colores políticos muy diferentes pero dispuesto a cerrar el paso a Jordi Sànchez, que este lunes ha cumplido 140 días en la cárcel de Estremera.

Si el guion se mantiene, en pocas fechas la patata caliente que supone para el Estado la candidatura de Jordi Sànchez iniciará su peregrinaje por, al menos, dos instancias judiciales: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Uno de los dos o ambos a la vez deberán decidir sobre su salida de prisión como candidato y sobre su candidatura. De ambos casos hay precedentes favorables, como se ha recordado reiteradamente, por una candidatura al Parlamento de Vitoria de un preso de ETA, Juan Carlos Yoldi, en 1987. Pero ahora parece que el Estado quiere aplicar una vara de medir que no empleó con el recluso etarra y está dispuesto a convertir a Sànchez en inelegible, una hipótesis que muchos juristas consideran fuera de la legalidad vigente y alguno incluso ha llegado a considerar un acto de prevaricación.

En cualquier caso, en el fondo del debate vale la pena tener en cuenta dos elementos importantes: lo que ahora decida la justicia española se acabará viendo un día en los tribunales europeos con las consiguientes consecuencias y, en segundo lugar, hay una voluntad firme por parte de las altas instancias del Estado respecto a que el decreto de nombramiento de Jordi Sànchez no llegue nunca a la mesa del jefe del Estado para su firma y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta última circunstancia va a ser clave en los próximos días.

Seguramente por todo ello, el tema de los cuatro votos de la CUP no es el más importante y ha pasado estratégicamente a un segundo término. Si la candidatura de Sànchez sale de puerto será el momento de cerrar un acuerdo sobre los votos de los parlamentarios cupaires.