Cuando la Agencia Mundial Antidopaje decidió la pasada semana que Rusia no estaría en los Juegos Olímpicos de Río que han de inaugurarse el próximo día 5 no tuvo en cuenta, cuando menos, una cosa: que Vladimir Putin no es un político acostumbrado a rendirse y que su influencia es muy alta. También, que por en medio hay un negocio muy importante, que por en medio está la televisión, y que Rusia fue el cuarto país en el medallero de los últimos Juegos, los que se celebraron en Londres en 2012. Solo así se entiende que el Comité Olímpico Internacional haya preferido no mojarse y dejar en manos de las federaciones Internacionales de cada deporte la aceptación o no de los deportistas rusos en las diferentes disciplinas.
La decisión adoptada es, en la práctica, el golpe más mortífero que se ha dado en la historia reciente del deporte a la lucha contra el dopaje. Cierto que la medida propuesta por el TAS era ejemplar y comportaba una sanción única en la historia del olimpismo a todo un país. Pero también era equilibrada cuando lo que había detrás era nada más y nada menos que un mecanismo de dopaje generalizado de todos los deportistas rusos manipulando las pruebas a que son sometidos. La lucha contra el dopaje exige ejemplaridad y numerosos deportistas famosos en los últimos años se han visto desprovistos de medallas e impedidos a participar por sanción.
Hacer la vista gorda porque se trata de un país con cerca de 400 deportistas en Río y muchos de ellos aspirantes a subir al cajón de los ganadores es pagar un precio demasiado alto. También es una prueba más de que en el deporte mundial hay demasiados intereses políticos y económicos y que, como dice el refrán, una cosa es predicar (contra el dopaje) y otra dar trigo.