La comisión de Presidència del ayuntamiento de Barcelona ha rechazado este miércoles con el voto en contra de los partidos monárquicos —PSC, Cs y PP— y la oportuna abstención de Barcelona en Comú —la formación que lidera la alcaldesa, Ada Colau— una propuesta para revocar la cesión del Palacete Albéniz a la Casa Real. En consecuencia, la familia real española podrá seguir haciendo uso del mismo. Es decir, como ha venido haciendo, con la única interrupción de la República y la dictadura franquista, desde 1929, cuando, tras su inauguración, la ciudad lo cedió al rey Alfonso XIII. Era el momento de revertir esta situación si las formaciones políticas que se declaran republicanas y son mayoritarias en el consistorio barcelonés daban un paso adelante. Pero no ha sido así. Y Junts per Catalunya, que ha presentado la iniciativa, y Esquerra Republicana, se han quedado solos.

Es obvio que la tradicional ambigüedad de los comunes para no decantarse hacia uno u otro lado en cuestiones espinosas está en el origen de su decisión. También, el hecho de compartir equipo de gobierno con los socialistas y de haber accedido a la alcaldía el pasado mes de junio de la mano de Manuel Valls, que figuraba en la lista municipal de Ciudadanos a través de una coalición electoral. El representante de los comunes ha justificado su abstención en que veía un espíritu maximalista en la proposición pero se ha declarado de acuerdo en el fondo de la cuestión. Ciertamente, es maximalista, ya que no hay una posición intermedia: o se autoriza a la familia real a que lo utilicen o se les impide. No parece haber un camino intermedio en el que lo puedan hacer los días o meses impares, aquellos en los que haga sol o en los que la contaminación no sea muy elevada. En política, a veces hay que mojarse.

Lo que tiene un escaso valor es pronunciarse en el Parlament a favor de abolir la monarquía, como hicieron los comunes junto a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana hace ahora un año. En la práctica, no dejaba de ser un brindis al sol, ya que la Cámara catalana carece de competencias para una decisión de estas características, y lo aprobado acaba siendo solo un posicionamiento político; en cambio, donde los votos son determinantes para un acuerdo decisivo, se opta por mirar hacia otro lado.

La convulsa política catalana tiene demasiados momentos de vértigo en que estrategia y principios no van de la mano, ya que no encajan o son de mal acomodarse. No es una cuestión exclusiva de los comunes, como fácilmente se puede comprobar en el día a día. Pero nadie se encuentra tan incómodo cuando se abordan temas relacionados con la autodeterminación, la independencia de Catalunya o la monarquía como los comunes, que tienen más de una frontera electoral y un 90% de sus votantes que se pronuncian favorablemente a una república como forma de gobierno frente a la monarquía. El tiempo venidero precisará, seguramente, de posiciones menos ambivalentes si el conflicto catalán continúa latente.