La nueva torpeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados, perdiendo los papeles, justificando, por primera vez, el espionaje masivo al independentismo con el programa Pegasus y llegando a declarar, en una respuesta a la diputada de la CUP Mireia Vehí, casi que era obligado por parte del estado español hacerlo cuando se había declarado la independencia en Catalunya, ha restado presencia mediática al pulso entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez. La exigencia del mandatario catalán al presidente del gobierno español de que cese a Robles ha tensado las relaciones entre los aliados políticos en las Cortes y ha introducido un elemento que no estaba encima de la mesa hace tan solo diez días: ¿puede Esquerra retirar su apoyo al gobierno del PSOE y Unidas Podemos o estamos ante un ejercicio puramente táctico y tan habitual en política?

Por primera vez desde que se conoció el escándalo del CatalanGate, el presidente Sánchez habló públicamente del caso. No porque quisiera, sino porque era obligado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El inquilino de la Moncloa, como era previsible, no entró al trapo, no asumió ninguna responsabilidad y defendió la labor del CNI, el organismo señalado, en estos momentos, por el espionaje masivo a los independentistas. Gabriel Rufián no consiguió sacarle del guión elaborado en la Moncloa de que todo se había hecho dentro de la legalidad. Siguió el turno de preguntas con una tanda de otras cinco a la ministra de Defensa que aguantó bien hasta casi el final con la diputada cupaire, donde se salió del guión ―¿desde cuándo una ministra puede defender el espionaje político a los adversarios?, ¿en qué democracia que no sea la española se puede decir tal barbaridad?― y descarriló.

Hoy Sánchez tiene un problema añadido al caso Pegasus que es la imperiosa necesidad democrática de cesar a su ministra de Defensa como le ha exigido el president Aragonès. Que el cese sea obligado dista mucho de que se vaya a producir y ello por tres motivos: Margarita Robles tiene dentro del gobierno una posición sólida basada en ser la ministra mejor valorada, su engranaje como un miembro clave de la estructura del Estado ―no hay que olvidar que ha sido juez del Tribunal Supremo― y es la conocedora de todos los secretos del CNI. Además, si Robles es culpable del espionaje masivo conocido hasta la fecha en España con Pegasus y de los que aún no han salido a la luz pública, ella es la responsable. A ello hay un factor añadido: entregar la cabeza de Robles sería una prueba de debilidad de Sánchez y no parece que el presidente quiera que sea Esquerra quien decida su gobierno. Pero la política tiene muchos vericuetos y el trayecto del CatalanGate será largo y las votaciones en el Congreso se producen cada semana.

Parece evidente que el gobierno español se encuentra en un callejón sin salida fruto de su tardanza y de su torpeza. Obviamente, también, y este es el verdadero meollo de la cuestión, de actuar fuera de la ley. Fracasadas las primeras medidas ofrecidas por el gobierno a los independentistas, que eran propuestas de cuarta división ―¿alguien cree que reunir la comisión de secretos oficiales del Congreso es una respuesta seria al conflicto que hay planteado?― han quedado encima de la mesa dos que van inexorablemente emparejadas: la dimisión de los responsables y una comisión de investigación independiente en el Congreso. La primera supone asumir que se ha actuado al margen de la legalidad y se penaliza a sus responsables pero la segunda, tanto o más importante, que no se quiere esconder la cabeza debajo del ala y se quiere saber lo que ha pasado, cómo ha podido suceder y sacar a la luz pública todas las ilegalidades practicadas.

Políticamente, es más importante la segunda ya que con la primera no conseguiremos nunca saber la verdad. Y una pregunta para los que están en contra: ¿acaso era más importante el caso de la operación Kitchen ―corrupción del PP― que el CatalanGate y se constituyó una comisión de investigación?