La comunicación del Tribunal Constitucional recibida este martes en el Parlament instando a la Mesa de la cámara catalana a impedir o paralizar cualquier iniciativa que tenga como objetivo "iniciar un proceso constituyente en Catalunya encaminado a la creación de la futura Constitución catalana y del Estado catalán independiente" va acabar teniendo, si no al tiempo, más importancia de la que se le presupone. Entre otras cosas, porque la Mesa tiene previsto dar este miércoles luz verde a la incorporación en el orden del día del próximo pleno de las conclusiones aprobadas en la comissió del Procés Constituent. Algo que la comunicación del TC prohíbe manifiestamente y que los diputados catalanes independentistas insistían, tras conocer la interlocutoria del TC, que harían caso omiso.

El hecho de que se constituyera simplemente una comisión de estudio y no legislativa ya obedecía al objetivo de orillar los problemas legales que se pudieran plantear. El TC tampoco atiende a este hecho ni hace caso a las alegaciones de que tan solo se trata de iniciativas de trabajo que por su carácter de comisión no legislativa tampoco desembocan en proyectos de ley. Aunque el TC tiene supuestamente su propia agenda de trabajo y resolución de sus sentencias no deja de ser cuando menos curioso que la comunicación severa a la Mesa del Parlament llegue tan solo unas horas antes de su decisión.

En este caso, además, tiene una diferencia sustancial respecto a situaciones anteriores en que el TC siempre se pronunciaba después de una actuación del Parlament. El aviso es previo. Valdrá la pena seguir con atención qué acaba haciendo la Mesa que preside Carme Forcadell y si mantiene hasta el final su desafío, una vez ha advertido el Constitucional con tono imperativo que no debe hacerlo y lo ha situado como un acto claro de desacato a la legalidad vigente. A veces, por más que se orille el problema, éste acaba saliendo en el momento menos pensado.

 

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