La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha tenido que reconocer a a última hora de este viernes que la huelga de los transportistas sigue viva después de casi dos semanas y no hay acuerdo para la vuelta a la normalidad el próximo lunes. En medio de un creciente desabastecimiento, paliado, en parte, en las grandes superficies por el enorme acopio de productos básicos que habían realizado y por un comportamiento civilizado de la ciudadanía, el Gobierno sigue sin resolver un problema tan grave como el del transporte, que tiene numerosas ramificaciones más allá de la más visible, la de la cadena alimentaria.

La estrategia del divide y vencerás practicada por la ministra catalana le dio oxígeno por la mañana, cuando cerró un pacto con el Comité Nacional de Transporte por Carretera consistente en una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible de una bolsa de 1.050 millones. El ministerio vendió este acuerdo como un pacto con todo el sector cuando había un pero nada menor: en este comité no están los transportistas convocantes de la huelga. ¿Y cuáles son sus peticiones? Una garantía por escrito de que se adoptarán las medidas necesarias para cubrir lo que les cuesta volver a trabajar con un precio de los carburantes absolutamente desbocado.

No hay, por tanto, acuerdo, y el problema del transporte sigue enquistado. De no resolverse, el riesgo es que la semana que viene los problemas sean muy superiores a los que se han vivido estos últimos doce días. Hasta el extremo de que podía no ser suficiente el acuerdo con las grandes empresas transportistas si el problema con los pequeños y medianos transportistas se mantiene vivo con las zonas portuarias al borde el colapso por una ocupación excesiva y la falta de abastecimiento en la alimentación, industria y construcción. Unas están provocando un encarecimiento de precios y otras una ralentización de la actividad económica que el Gobierno puede haber descontado en medio del caos, pero que ya se encontrará en futuras revisiones del PIB o de la inflación.

El Gobierno necesita llegar a un acuerdo con la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte por Carretera, integrada en su mayoría por autónomos y pymes, y no es suficiente con señalar una ideología política determinada detrás de la misma. De una manera u otra, hay que dialogar más y encontrar una solución. Lo contrario puede ser a partir del lunes un auténtico desastre. Y la ministra Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà, ser percibida como una parte del problema más que de la solución.