Mientras el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no deja de ser premiado y reconocido en la Galia española —la última vez ha sido el pasado día 15 por la Fundación Villacisneros por su "defensa" del Estado de derecho— el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), con sede en Luxemburgo, no deja de desautorizarlo una y otra vez. La persecución que lleva a cabo del president en el exilio, Carles Puigdemont, y los consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, hoy eurodiputados los tres, no encuentra desde el primer momento amparo legal más allá de los Pirineos.

Pero Pablo Llarena ha hecho de la persecución a los políticos exiliados una Causa de Estado, sí, con mayúsculas, con anclajes suficientes en la judicatura para no cumplir norma alguna, mientras Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo le van dando la cobertura legal que necesita. Como acertadamente le recuerda este viernes el TGUE al reiterar que las euroórdenes de detención quedaron suspendidas por la cuestión prejudicial que planteó y, así, "sus efectos son vinculantes para las autoridades nacionales incluidas las judiciales, sin necesidad de decisión específica por su parte". Más claro que el agua.

Que una y otra vez la justicia española sea desautorizada en el mismo caso por la justicia europea, debería ser motivo de alarma en una sociedad que alardea de cimientos democráticos. Incluso el falso gobierno progresista que se esconde bajo las faldas de la transición del 78 para intentar evitar el desplome del andamiaje institucional debería sentir vergüenza ajena. ¿Qué explicación tiene de que no sea así? ¿Cómo se puede seguir contemplando impertérrito prácticas que son propias de países como Turquía o Polonia? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que España sea amonestada por Bruselas? ¿No se estarán poniendo en juego con esta actitud los fondos que la Comisión Europea tiene que entregar para superar la crisis de la covid-19?

Solo es comprensible una situación como la actual en el marco del imparable camino hacia la autarquía judicial emprendida en España para tratar de detener, al precio que sea, el avance del independentismo catalán y su voluntad de autodeterminarse. La violencia del 1 de octubre de 2017 no fue suficiente y después vinieron años de prisión y exilio, así como numerosas causas judiciales que por un motivo o por otro, siempre relacionado con acciones en defensa del independentismo, tienen a unas 3.500 personas represaliadas pendientes de uno o varios sumarios.

Un último apunte: hay muchas maneras de distorsionar una noticia y que acabe siendo una fake news. Una de ellas presentar la resolución del TGUE como una derrota de Puigdemont, Comín y Ponsatí porque no les devuelve la inmunidad. Olvidando el repaso que le propina al juez Llarena y la contundente advertencia de que los tres europarlamentarios no pueden ser detenidos.