Sin discusión alguna, por el espacio que ha ocupado en los medios, el tiempo en la información y en las tertulias de radio y de televisión, el debate estrella de la semana ha sido el de las cesiones que ha tenido que hacer el gobierno de Pedro Sánchez a Junts para que le facilitara la tramitación de los decretos-ley sobre diferentes aspectos relacionados con la justicia y sobre la crisis económica. Sánchez tuvo lo que quería y que no era otra cosa que sus decretos, pero es seguro que, este sábado, en la jornada de convivencias que ha convocado en la finca toledana de Quintos de Mora con sus ministros, verá la otra cara de la moneda: el pánico de su Ejecutivo a que la situación de esta semana sea la norma habitual durante toda la legislatura, que no ha hecho nada más que empezar.

Junts, entre otras cosas de la lista de la compra, ha amarrado la delegación de competencias de inmigración para Catalunya a través del artículo 150.2 de la Constitución. Dos cosas menos antagónicas de lo que parecen son ciertas: supone asumir una competencia muy importante (discurso de Junts) y, por ahora, todo es muy inconcreto (discurso de Esquerra). Lo primero es indiscutible, nadie lo ha negado. Habrá que estar, también en esto, muy atentos a cómo se redacta el proyecto de ley de delegación de la competencia, ya que el PSOE se ha especializado en pasar el cepillo a los acuerdos adquiridos y, simultáneamente, mirar que su tramitación no se eternice. Como es normal, nadie recuerda que en 1996 por este mismo artículo de la Constitución se cedieron las competencias de tráfico de la Guardia Civil a los Mossos y se tardó 19 meses antes de empezar a desplegar la policía autonómica de carretera en el territorio catalán, en concreto, por Girona.

Si en el pasado reciente hubo un modelo catalán de inmigración y de integración, ¿por qué ahora no puede ser igual?

En cualquier caso, que un partido independentista quiera tener unas competencias, como las relativas a la inmigración, hoy por hoy, básicas, para el equilibrio del país y aproveche el momento para ello, no debería sorprender a nadie. Que hoy no esté en el Govern es muy secundario. Lo importante es tener claro que es siempre mejor hacer tú cualquier política que te la hagan desde Madrid. Como ya empieza a ser un clásico cada vez que se acuerda que Catalunya asuma una competencia, al gobierno socialista le han temblado las piernas y ya ha anunciado que puede ser una petición a la carta de todas aquellas autonomías que lo soliciten. Tan solo Euskadi —con mucha menos inmigración que Catalunya en los últimos años— ha levantado la mano y el lehendakari, Iñigo Urkullu, parece tener ganas de apuntarse. El resto de presidentes, que básicamente lo son del PP, han señalado que debe ser una competencia del Estado y que no la pedirán. El presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García-Page, dice mostrarse intranquilo, aunque hay que reconocer que sus últimas salidas de tono le han situado más como un bufón que como un político.

Que Catalunya vaya a tener un debate a fondo sobre la inmigración, el modelo que prefiere y los límites que pueda tener cada formación no es nada ajeno al que se está teniendo en estos momentos en Europa. Ahí está el caso de Francia, con el presidente Emmanuel Macron a la cabeza, o de Alemania, con el canciller socialista Olaf Scholz al frente. Tampoco tendría que haber miedo a abordar polémicas desde la discrepancia. Si en el pasado había un modelo catalán de inmigración y de integración, ¿por qué ahora no puede ser igual? Estos días se están oyendo muchos disparates y se está tratando de poner etiquetas a los partidos por intereses electorales y para desacreditarlos. La mejor manera de que el debate no quede en manos de organizaciones políticas marcadamente xenófobas es que la centralidad del país no esquive la discusión. Repito, como están haciendo desde hace tiempo los países de nuestro entorno.