La decisión del Govern de llevar a cabo una consulta entre los habitantes de cinco comarcas del Pirineo ―Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell y Cerdanya―, excluyendo Solsonès, Berguedà e incluso el Ripollès, sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, ha abierto un nuevo frente de discusión, en este caso, sobre la idoneidad del territorio catalán en que se debe celebrar el referéndum, aunque, en el fondo, lo que hay detrás del debate no es otra cosa que si Catalunya debe o no implicarse en un nuevo proyecto olímpico. Además, con el añadido de que no sabemos cuál es la posición del Govern, tampoco cuál es el proyecto olímpico, ni las infraestructuras que se construirían, ni la inversión que haría el Estado, ni el nombre de la candidatura ―¿Barcelona-Pirineos?― ni cuál sería el papel de Aragón, que también reclama que sean sus Juegos. Y así tantas otras cosas que o bien no se saben o bien se dejan para darse a conocer después de la consulta.

Es comprensible, por tanto, que ante tanta dispersión en un proyecto capital los ciudadanos estén desconcertados. En primer lugar, la obligación del Govern después de anunciar en su día que sometería a votación de las comarcas afectadas si apoyaban o no su celebración no se puede limitar a colocar las urnas, sino que es obligado conocer la posición del Ejecutivo y de los dos partidos que lo integran. Hasta la fecha, tanto el Govern, como Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, quizás por no asumir un desgaste entre los intereses que puedan tener sus votantes del Pirineo y los del resto de Catalunya, se encuentran cómodos en una calculada ambigüedad. Al fin y al cabo, las elecciones municipales están, como aquel que dice, a la vuelta de la esquina: mayo de 2023.

Con tan escasa información como de la que se dispone, convocar la consulta para el próximo mes de marzo tiene mucho más que ver con conocer la opinión en abstracto de los ciudadanos de las comarcas afectadas sobre unos posibles Juegos Olímpicos que sobre un modelo de olimpiadas radicalmente diferentes en 2030 y acordes a la nueva sensibilidad y las necesidades medioambientales del momento. Tampoco es menor la denominación de la candidatura, que ha de ser nítidamente catalana y si no lo es debe decirse claramente. Porque los intereses del Comité Olímpico Español son sus intereses y los del Govern de Catalunya han de ser, en este punto concreto, muy diferentes. Así se le debe decir al COE para que, llegado el momento, no haya malos entendidos.

Las comarcas del Pirineo son las grandes abandonadas de Catalunya. Han perdido más población que ninguna otra zona del país y la agricultura y la ganadería han sufrido un serio retroceso. No existe, además, una política de reequilibrio territorial, sino que, políticamente, sucede justo lo contrario y se discute, incluso, su sobrerrepresentación en escaños en las elecciones al Parlament de Catalunya en que de los 135 diputados se eligen 85 en Barcelona, 18 en Tarragona, 17 en Girona y 15 en Lleida. Estos 15 siempre están en discusión cuando se habla de una nueva ley electoral. Ahora se le dice al Pirineo, y seguramente es verdad, que es una oportunidad única para la construcción de nuevas infraestructuras.

Pero lo que desde Barcelona quizás se desconoce es que esto podía tener un enorme impacto en el Pirineo en los años ochenta, cuando se trabajaba la candidatura de Barcelona 92. Ahora, este aliciente es mucho menor, los liderazgos para abanderar una decisión tampoco existen como antaño y los juegos de verano no son los de invierno. Muchos interrogantes y demasiadas dudas pueden acabar generando una bolsa de lectores del Pirineo que ante tanto ruido se sientan más cómodos rechazando el proyecto que dándole apoyo. Y hoy, quizás, estamos en eso.