La decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional reinterpretando la sentencia por la que Arnaldo Otegi cumplió más de seis años de prisión y le condenaba a otros tantos años de inhabilitación, no es más que una primera demostración de que el gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha decidido jugar fuerte a la hora de impedir la candidatura a la lendakaritza del líder abertzale. Aunque Otegui abandonó la prisión de Logroño el pasado mes de marzo, tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía General del Estado entienden que la inhabilitación para cargo público se extiende hasta 2021. De esta opinión son también PP, Ciudadanos y UPyD.
Por contra, la lectura que hacen PSOE, PNV y Podemos han anunciado que no impugnarán la candidatura. La decisión corresponderá, en primera instancia, a la Junta Electoral de Guipuzcoa, que se pronunciará a finales de agosto (las elecciones vascas son el 25 de septiembre), y el tema acabará, como tantos otros, en el TC. Dada la actual mayoría en el Congreso de los Diputados podría darse el caso, siempre hipotéticamente, que si algún grupo presenta una resolución sobre la legalidad de su candidatura, que hubiera una mayoría parlamentaria favorable.
Más allá de lo que acaben decidiendo los tribunales, es forzar mucho la sentencia condenatoria de Otegi extender su inhabilitación para cargo público una vez ha sido puesto en libertad y ha cumplido su condena. Sobre todo porque la sentencia no especificaba –en contra de lo que establece el Código Penal– a qué cargos concretos se refería su inhabilitación hasta 2021.
Fuera o no fuera un error el redactado de la sentencia, parece claro que solo forzando la ley se le puede inhabilitar. Lo contrario produciría un ejemplo malsano para la democracia porque no se sabría hasta que punto los resultados del 25-S habrían quedado adulterados por una decisión judicial.