Aunque en los últimos dos años hemos visto todo tipo de interpretaciones del Código Penal para detener primero e imputar después a los líderes independentistas en el juicio del procés en el Tribunal Supremo, resulta que aún no lo habíamos visto todo. Por lo que estamos viendo, la claridad de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Puigdemont, Junqueras y Comín se difumina a la que cruza el Ebro, en un ejercicio de funambulismo solo explicable por el bofetón que ha supuesto para el Tribunal Supremo.

Porque la pregunta no puede ser otra: ¿qué parte de la sentencia del TJUE no entiende España? Así, al llegar a Madrid, la Fiscalía se remueve y dice que no retirará las euroórdenes de Puigdemont y Comín; la misma Fiscalía se escabulle de lo dictado por el TJUE respecto a Oriol Junqueras; y la Abogacía del Estado en un aparente gesto de sintonía con las negociaciones entre PSOE y ERC parece mostrarse dispuesta a facilitar que el vicepresident encarcelado recoja el acta de eurodiputado. Algo que, por otra parte, vale la pena recordar que ya aprobó en junio, medio año antes del pronunciamiento del tribunal europeo.

Y mientras eso sucede, los medios de Madrid hablan de “una España de rodillas” ante los independentistas al tiempo que propagan allí donde van que “inmunidad no es impunidad”. ¿Qué sucedería si realmente se respetara que los tres gozan de inmunidad parlamentaria para el ejercicio de sus funciones?

Se han propagado tantas mentiras para justificar lo injustificable que parece no haber manera de poner freno a una situación que ha salido de cualquier lógica y control. Cuando antes se entienda en Madrid el respeto absoluto de los tribunales europeos a la ley, menos vergüenza y humillación tendrán que pasar los tribunales españoles. Así de sencillo. Otra cosa es que la justicia española haya decidido que las sentencias europeas no van con ella. Que es lo que hasta la fecha estamos viendo.