Después de haber incendiado el gobierno Sánchez el lunes la opinión pública y los medios de comunicación, con sus advertencias al Govern, juntando en un único titular el president Quim Torra, Eslovenia, la violencia, los muertos, los CDR, los cortes de la AP-7 y los peajes de las autopistas catalanas, con el único objetivo de efectuar un cambio de rasante público en la política con Catalunya, el Ejecutivo español empieza a enseñar sus cartas: los Mossos d'Esquadra son la pieza a cobrar. La crítica feroz a la policía catalana por parte de los partidos españoles está más o menos presente desde su brillante actuación en los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto del pasado año. Con el 155, los Mossos ya pasaron a depender del Ministerio del Interior y, más concretamente, de su titular Juan Ignacio Zoido.

Pues bien, en aquellos meses y dependiendo directamente del Ministerio, los Mossos actuaron exactamente igual que en las actuales protestas, por ejemplo, el 8 de noviembre, en que se convocó el denominado paro de país, y que se saldó, en las infraestructuras catalanas, con unos 60 cortes de carretera, autopistas y vías de ferrocarril. Entonces era un ministro del PP quien comandaba los Mossos y en aras a la proporcionalidad la policía autonómica vigiló la seguridad, la ausencia de violencia y garantizó la máxima movilidad posible. Zoido comandó el operativo y no adoptó medida disciplinaria alguna. Obviamente, la fiscalía, a diferencia de ahora, tampoco tomó ninguna iniciativa judicial contra el ministro por haber hecho, supuestamente, dejación de sus funciones.

¿A qué viene, por tanto, una actuación tan desproporcionada por parte de Sánchez y Marlaska? Solo se explica por razones estrictamente políticas y con la voluntad de no quedar desplazados del relato actualmente dominante en España de guerra abierta al independentismo, al president y al Govern y a los Mossos como única estructura de estado de la que dispone el Ejecutivo catalán. Hará bien el president Torra en reconocer errores: la petición de dimisiones en los Mossos no era de su incumbencia y si había perdido la confianza tenía otras maneras de expresarla; y en explicarse sobre sus palabras sobre Eslovenia, descontextualizadas por muchos medios a partir de unas frases poco medidas-. Pero también hará bien en no aceptar amenazas y chantajes.

No hay motivo alguno para aplicar un nuevo 155 y tampoco para recuperar las competencias en materia de seguridad ciudadana y el control de los Mossos. Solo desde el ataque permanente a la autonomía de Catalunya puede plantearse una medida regresiva como esta.