Si en política alguno de sus actores fuera alguna vez capaz de sonrojarse, este martes no hubiéramos oído, tras el Consejo de Ministros, a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, primero proteger a Felipe González de los informes de la CIA, que le vinculan directamente con la creación de los GAL, con la peregrina explicación de que ya han pasado más de 30 años de aquellos asesinatos, y añadir después que al expresidente había que agradecerle la ley de Salud Universal "que ha permitido salvar miles de vidas" con la pandemia del coronavirus. El manto protector del poder no debería haber subido un peldaño tan peligroso como justificar el terrorismo de estado apelando a un legado complementario de la obra realizada durante sus casi catorce años de mandato, en este caso relacionado con la carpeta social. 

Es mezquino y triste que esto llegue a suceder. Como lo es que se utilicen las mayorías políticas para impedir saber la verdad y se deniegue la comisión de investigación por parte de la Mesa del Congreso. En este caso, además, con el añadido de que los letrados de la Cámara habían dado el visto bueno a su hipotética constitución, cosa que no hicieron con la que debía perseguir los casos de corrupción de la familia real. Lo cierto es que por una u otra razón nada es investigable en este país ni por parte de las Cortes españolas ni de la justicia demostrando así, una vez más, que el deep state está plenamente activo cuando de lo que se trata de defender es el régimen del 78 y las irregularidades que se pueden haber cometido. Ya no se trata de comparar la celeridad con que se han abordado casos relacionados con el independentismo catalán y como se han pisoteado derechos individuales para dictar unas determinadas sentencias que sirvieran de escarmiento para el conjunto del movimiento. Sino de analizar cómo otros países se han comportado con la memoria histórica más reciente y con la corrupción en la jefatura del Estado.

Montero no puede actuar con esta ligereza y hará muy bien en recordárselo cada vez que sea necesario Podemos, una formación que se supone incómoda con la alfombra que todo lo cubre y trata de ocultar la verdad al precio que sea. La alianza PSOE-Vox-PP para impedir en la Mesa del Congreso la comisión de investigación y la posición contraria de la formación de Pablo Iglesias -segunda vez que sucede en pocas horas- demuestra hasta qué punto el poder cohesiona, aunque las discrepancias sean tan importantes. Solo cabe pensar de este acuerdo entre partidos que han sido las columnas de la transición política en España, que hay demasiado en juego para abrir un melón que, pese a todas las oposiciones, más pronto que tarde se acabará abriendo ya que el rumbo de los hechos no permite pensar otra cosa. En este sentido, las formaciones independentistas y nacionalistas han iniciado un camino ingrato, pero que acabará dando resultados.

El hecho de que la ministra Montero haya escalado posiciones importantes, pese a haber formado parte de los gobiernos de Andalucía bajo los presidentes José Antonio Griñan y Manuel Chaves, condenados a seis años de cárcel y nueve de inhabilitación, respectivamente, por la sentencia de los ERE, debería obligarle a una cierta contención dialéctica. Porque el personal puede aguantar mucho, pero tonto no es.

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