Cada día que pasa es más evidente: Madrid nos va a arrastrar a todos al precipicio. Cuando en marzo pasado la Generalitat echó en cara al Gobierno de España que no confinara Madrid ya que la contundencia de las cifras y la velocidad de la propagación eran una bomba de relojería para el resto del Estado, sobre el president Quim Torra cayeron todo tipo de improperios. Ya se sabe, el relato de la capital es el que tiene las de ganar, ya que además de la enorme fuerza mediática que irradia desde allí, muchos de los medios de aquí compran acríticamente el relato oficial de la Moncloa y de los ministerios. Por si acaso. El resultado meses después es más que evidente: la Generalitat pagó un peaje, pero tenía toda la razón.
Ahora volvemos a estar en aquel punto de partida y al frente de la comunidad hay la misma irresponsable: Isabel Díaz Ayuso. Con una diferencia aparente: el gobierno español, que se alineó con Ayuso porque no quería cargar sobre sus espaldas una decisión como un confinamiento total, decidió el pasado verano ceder a las autonomías la potestad de decretar estados de alarma en su territorio. Ahora espera desde hace más de una semana que Ayuso mueva pieza, pero ésta, en un golpe de madrileñismo castizo, se envuelve en 24 banderas mientras espera que Sánchez se haga con las competencias y asuma el desgaste del confinamiento.
Y los demás, en medio. Contemplando atónitos como nadie hace nada y desde el kilómetro cero se propaga el virus por las cuatro esquinas de la Península. ¿Dónde están los defensores de la España radial y de Madrid como único polo peninsular? Igual sí que es verdad que la derecha cada vez más extrema ha decidido actuar como en tiempos pretéritos como bombero pirómano y ha preparado la tormenta perfecta: el rey Felipe VI medrando con la cúpula judicial para desestabilizar el gobierno del PSOE y Podemos; el Consejo General del Poder Judicial y el Partido Popular bloqueando los segundos la renovación del órgano de los jueces y, mientras tanto, los primeros procediendo unilateralmente a nombramientos que no hacen que ir decantando la alta magistratura; y, finalmente, la crisis total con Catalunya, con la inhabilitación de un nuevo president de la Generalitat por el Tribunal Supremo en el horizonte por negarse durante cuatro días a descolgar una pancarta.
En medio de la crisis institucional más grave que ha vivido España, con la Jefatura de Estado abiertamente enfrentada al gobierno español, es necesario que el Govern se deje de discrepancias estúpidas y proteja a los catalanes del triple riesgo que está cada vez más presente entre nosotros: los rebrotes del coronavirus, la ruina económica y los recortes de libertades y de democracia. Sin unidad en el Govern será imposible hacer mínimamente frente al desplome español, ayudar a nuestros compatriotas más necesitados e iniciar la construcción del país.