Explicaba este jueves el diputado de Catalunya Sí que es Pot Joan Josep Nuet que él no es independentista pero defiende el derecho de los 135 diputados de la Cámara catalana a debatir entre sus cuatro paredes sobre cualquier cuestión; y que por ello se había sumado a la mayoría en la Mesa de la Cámara para permitir el debate sobre la celebración de un referéndum. Es extraño que un diputado tenga que poner de relieve algo tan básico en el mundo del parlamentarismo y que afecta en buena medida a la libertad de expresión. Pero más extraño es que estas palabras sean consecuencia del inicio de un procedimiento penal ordenado por el Tribunal Constitucional contra él mismo, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, (el segundo que tendrá abierto) y los también miembros de la Mesa, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, estos cuatro últimos integrantes del grupo parlamentario de Junts pel Sí.

La acusación contra el diputado Nuet es especialmente significativa porque es la primera que desborda el perímetro del independentismo y coloca a la formación política que representa en una disyuntiva en la búsqueda de ese espacio propio que defiende el derecho a decidir pero no la unilateralidad. Una palabra de la que todo el mundo huye pero que es inevitable que sea utilizada si no hay un paso atrás por parte del independentismo y el Estado español persiste en su actitud de rechazar cualquier tipo de negociación.

El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional está dispuesto a impedir a toda costa la celebración del referéndum. No será muy diferente la actuación que llevará a cabo cuando el Govern active la convocatoria del referéndum, un compromiso que el president Carles Puigdemont ha adquirido con la ciudadanía de Catalunya y que cuenta con la unanimidad del Consell Executiu, empezando por el vicepresident Oriol Junqueras. A este movimiento, el Gobierno ya ha avanzado que cuando se produzca pedirá al TC que se inicie una causa penal contra la totalidad del Ejecutivo catalán. De ahí la importancia de haber querido comunicar individualmente a todos y cada uno de los miembros del Govern que cualquier iniciativa gubernamental que lleven a cabo incurrirán, individual y colegiadamente, en delito penal.

También de ahí la importancia del máximo consenso en los pasos que se den en Catalunya, ya que entre las fuerzas políticas españolas está más que claro el acuerdo, al menos entre el PP, PSOE y Ciudadanos. La respuesta conjunta al TC de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot (también en este paquete entraría la CUP aunque no tiene representantes en la Mesa del Parlament) va en esta dirección.

Como decía un conocido entrenador de fútbol, cuando el adversario ataca, cerrar filas lo más unidos posible y lo más lejos de la portería te deja en una mejor posición para ser tú el que llegues a la menor oportunidad al área contraria. Y aunque cuentan los aciertos también cuentan y mucho los errores.