El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha perdido definitivamente la batalla de la rebelión tras el revés de este martes en la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein. Las nuevas pruebas —fotos, vídeos y documentos— que con tanta pompa fueron presentadas hace unas semanas desde el gobierno y la justicia española para tratar de que fuera extraditado a España por este delito el president Carles Puigdemont, y tratar así de revertir la decisión inicial de la justicia alemana del mes de abril, han tenido el mismo final: no hubo rebelión. Le queda, por tanto, una única bala en la recámara al juez Llarena: que sea aceptado el delito de malversación, sobre el que existen desde siempre dudas más que razonables a la vista de la instrucción practicada y que solo sostienen el juez español y la Guardia Civil, no así el Ministerio de Hacienda.

La decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein zanja una batalla que quería mantener viva hasta el último suspiro la justicia española y que ha hecho suya desde el principio y de oficio la fiscalía alemana, que unas horas antes emitió un comunicado dando por bueno el delito de rebelión. El juez Llarena aborda los días que restan hasta el desenlace definitivo en una posición claramente defensiva tras el serio revés sufrido. Los dos artículos más citados de la legislación alemana estos últimos meses, el 81, que hace referencia a la alta traición y que está castigado con penas de entre 10 años y cadena perpetua, y el 125, que aborda la violación de la paz no le son aplicables al president Puigdemont. Punto y final.

Como ya sucedió tras el pronunciamiento de la justicia belga, ya denegada en aquel país definitivamente la extradición, a diferencia, por ahora, de la justicia alemana que aún no ha completado todo el procedimiento, los partidos españolistas, pese al malestar, han respondido con una gran contención. Lo hacen para no cometer el error de excitar, como en ocasiones anteriores, al gobierno alemán y su opinión pública. Viene a cuento, no obstante, recordar el siguiente pronunciamiento tajante de Albert Rivera en esta batalla desbocada de los últimos meses para catalizar alrededor suyo el ataque más feroz contra el independentismo e impedir que nadie le dispute abanderar la enseña española. Pues bien, Rivera llegó a dejar escrito: "Un país federal como Alemania trata con igual o más dureza penal la rebelión/alta traición que la España autonómica. Destruir una democracia europea se paga caro". Eran palabras buscando votos, ciertamente, porque sus pronósticos están lejos, hoy por hoy, de materializarse.

Y no deja de sorprender, aunque después de todo lo visto es más que previsible que, mientras eso sucede en Alemania o antes en Bélgica, la justicia española se mantenga impermeable en sus posiciones. Tomando decisiones que mantienen a los presos políticos en prisión preventiva o privando a los consellers Turull y Rull de hacer uso sus derechos políticos. Spain is different, ciertamente.