Los últimos datos conocidos lo certifican: la nueva ley de vivienda que entró en vigor en mayo de 2023 ha sido un absoluto desastre. Estaban de sobras advertidos: legislar de manera ideológica, a un mes de las elecciones municipales, para querer sacar rédito electoral y en contra del sector tiene muchas veces estas cosas. Transcurridos más de dos años, el número de contratos de alquiler habitual se ha desplomado más de un 28% en la ciudad de Barcelona. Si se comparan períodos idénticos, por ejemplo, el del segundo trimestre de 2023 con los mismos tres meses del presente año, las cifras son rotundas: se ha pasado de 10.328 contratos realizados a tan solo 7.411 acuerdos, un 28,42% menos. Los datos han sido elaborados a partir de los ofrecidos por Incasol.

No es un tema exclusivo de la capital catalana y los datos en el conjunto de Catalunya refuerzan esta idea: en el mismo período se ha pasado de 34.981 a 26.416 contratos, un 24,48% menos. Y la tendencia no tiene signos reales de estarse modificando, ya que dentro de este mismo año las cifras del segundo trimestre son un 4,80% menos que las de los tres primeros meses del año. Se podrán buscar muchas explicaciones y del cariz más extremo que se quiera, pero cuesta mucho no concluir que los negros augurios que se hicieron hace treinta meses respecto a una ley que buscaba un titular más que encarrilar un problema enormemente complejo no eran ciertos.

El resultado es que cada vez hay más personas buscando pisos de alquiler y, en cambio, hay menos oferta de vivienda en el mercado. Barcelona y Catalunya, el mercado más tensionado de todo el Estado español, con la nueva ley han agravado sus problemas de vivienda, ya que la reducción de la oferta ha ido acompañada de un encarecimiento de los precios, que no han podido ser contenidos. ¿Qué ha acabado sucediendo tras la aprobación de la ley? Pues que muchos de los pequeños propietarios, dueños de viviendas tradicionales, han salido del mercado de alquiler por temor a que la nueva legislación acabe siendo un corsé imposible de arreglar durante mucho tiempo si la operación resulta fallida.

Cada vez hay más personas buscando pisos de alquiler y, en cambio, hay menos oferta de vivienda en el mercado

Ese porcentaje de viviendas desaparecidas es mayor en las plataformas de alquiler de inmuebles. En la práctica, las cifras del 28% en Barcelona y 24% en Catalunya se reducen por alquileres que funcionan directamente por una cartera de futuros inquilinos en lista de espera, que poseen muchas inmobiliarias y que cuentan con garantías complementarias. Su historial, su nivel de ingresos o cualquier otro elemento distintivo positivo. En muchos casos, a ellos se les ofrecen los pisos con anterioridad por parte de las inmobiliarias y no llegan ni a salir al mercado. La situación acaba siendo un enorme problema, que es más exagerado en jóvenes y otros grupos de población vulnerables que, al final, acaban siendo excluidos.

Difícilmente habrá solución si no se escucha al sector privado. Actuar en su contra ya se ha visto adónde ha llevado. Porque las leyes y los discursos no han mejorado las cosas.