Casi dos años después de que el entonces president de la Generalitat Carles Puigdemont pidiera, al día siguiente de las dantescas imágenes de violencia por el referéndum del 1 de octubre, la retirada de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de Catalunya, una iniciativa parlamentaria llevará este jueves a aprobación del Parlament la salida de los agentes del instituto armado de las cuatro circunscripciones catalanas. La propuesta de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana llega en un momento de fuerte controversia política por las nueve detenciones practicadas por la Guardia Civil el pasado lunes por los presuntos delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos y las acusaciones de montaje político realizadas por los partidos independentistas. A expensas de lo que anuncie oficialmente la CUP -parece difícil que sus diputados no se sumen a la propuesta- sería la primera vez que el Parlament se pronunciara con esta contundencia y estaría sentando un precedente ya que ninguna Cámara legislativa autonómica lo ha aprobado hasta la fecha. El Parlamento vasco, que también lo debatió, rechazó en febrero de 2017 una retirada total del instituto armado.

Tras un día de reproches entre el Govern y el resto de fuerzas parlamentarias, en el que fue especialmente desagradable la actuación de la presidenta de Ciudadanos, Lorena Roldán, vinculando los CDR con ETA y mostrando una foto del atentado de ETA contra la Guardia Civil en Vic, prescindiendo absolutamente de la presunción de inocencia y de que las acusaciones iniciales contra los detenidos estén muy en entredicho, el debate de política general de este año tampoco pasará a la historia. Seguramente, porque lo que viene es de tal intensidad que nadie quiere quemar cartuchos en un pleno parlamentario que en muy pocas horas desaparecerá de la escena mediática. En el caso de Roldán quedará para las televisiones españolas y los medios de Madrid ese frame de la foto en sus manos del atentado de Vic, aunque dado el cansancio que hay en Madrid de los reiterados números televisivos de los naranjas es probable que no obtenga el rédito mediático de años anteriores con Rivera y Arrimadas.

Después de que el Parlament reprobara al Rey y pidiera la abolición de la monarquía en julio de 2018 -en aquel caso con los votos de JxCAT, ERC y los comunes y la abstención de la CUP- y que el Tribunal Constitucional echara atrás la resolución, esta propuesta sobre la retirada de la Guardia Civil es quizás la de más enjundia institucional que se ha planteado la Cámara catalana. No por su resultado, que el ministro Fernando Grande-Marlaska ni se detendrá a estudiar, sino por el envite institucional que supone a toda una estructura de Estado que tiene en Catalunya más de 3.500 efectivos, según datos recientes que ha facilitado el ministro del Interior en funciones. Una cifra que el Ministerio quiere ampliar en 750 agentes antidisturbios de refuerzo en vísperas del aniversario del 1-O.

A nadie se le escapa que este incremento de agentes en Catalunya no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, ya que los Mossos, a quienes corresponde la competencia, no han realizado una petición al respecto y tienen efectivos más que de sobras. Estamos, por tanto, hablando de una decisión política y preventiva por parte del gobierno español que ha situado también la tríada independentismo-violencia-terrorismo en un mismo plano de debate. Y que, incluso, y en boca del presidente Sánchez, ha instado en estas últimas horas al president Torra a que condene el potencial uso de la violencia por parte de los CDR para desvanecer dudas, dice. ¿Dudas de qué?, puede preguntarse uno. ¡Como si el independentismo catalán no hubiera sido contundente y claro históricamente en su rechazo de la violencia!

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