Este lunes se han producido dos noticias de resultado diferente en el pulso del president Puigdemont y del conseller Comín con el Estado español, en este caso, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo: a media mañana conocíamos que había admitido a trámite la demanda de sus abogados pidiendo al tribunal medidas cautelares para que pudieran acceder a su condición de eurodiputado en la constitución del Parlamento Europeo, prevista para este martes en Estrasburgo. Esta noticia, excepcionalmente buena, ya que el TJUE suele admitir muy pocas demandas de particulares, perdía fuerza a última hora de la tarde cuando el mismo tribunal desestimaba las medidas cautelares. Sin embargo, el tribunal dejaba abiertas dos vías para litigar. Un recurso de casación limitado a las cuestiones de derecho ante el vicepresidente de recorrido aparentemente inexistente y, en segundo lugar, el anuncio por escrito de que dictará una sentencia definitiva sobre el fondo de este asunto y que un auto de medidas provisionales no prejuzga en ningún caso el resultado de la acción principal. O sea, la partida sigue abierta.
Ha sido un lunes frenético de noticias que cambiaban hora a hora y que tenían cuatro frentes informativos: Madrid, Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. En la capital de España, el Gobierno intentaba por todos los medios tensar sus resortes judiciales y su diplomacia para restar margen de maniobra a Puigdemont y Comín en su demanda de medidas cautelares. En Bruselas, Pedro Sánchez negociaba con los líderes de la UE los principales cargos que han de ser designados en la nueva Comisión. Obviamente, Sánchez debe haber encontrado tiempo para conversar con el presidente francés, Emmanuel Macron, para abordar las diferentes opciones si el president en el exilio viajaba a Estrasburgo. A pocos kilómetros, en Waterloo, Puigdemont dedicaba la mañana a perfilar su estrategia respecto a si debía o no desplazarse a la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo.
También por la mañana llegaron las primeras noticias desde la ciudad francesa, a través de algunas autoridades, de presencia de policía española en un número fuera de lo habitual. ¿Tenía que ver con la visita de Puigdemont? ¿Había alguna operación policial en marcha? ¿Podía ser ello posible incluso sin activar la euroorden? ¿O se había activado sin un anuncio oficial? ¿Era tan descabellado pensar que los viejos acuerdos entre España y Francia para llevar a cabo detenciones en caliente en territorio francés y pensados para la banda terrorista ETA podían ser desempolvados para Puigdemont y Comín? No hay, obviamente, fuentes oficiales para revelar estas operaciones, pero lo cierto es que en el entorno de Puigdemont esta versión se dio por muy segura a la vista de la información recibida.
La partida de Luxemburgo sigue muy abierta, digan lo que digan unos y otros. Un aviso: cuidado con los primeros titulares o con las euforias previas. Eso ya pasó cuando Alemania detuvo a Puigdemont, semanas después la Audiencia de Schleswig-Holstein lo ponía en libertad y tres meses más tarde descartaba extraditarlo por rebelión. Veremos a partir de ahora cómo se dan las cartas.