El gobierno español no tendrá la lista de funcionarios que le reclamaba Cristóbal Montoro a la Generalitat y que el Ministerio de Hacienda y Función Pública había puesto como condición para el pago del FLA. No solo eso: la había exigido desde la sala del palacio de la Moncloa desde la que se ofrecen cada viernes las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. No la tendrá se ponga como se ponga el ministerio, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del ejecutivo español, la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría o el mismo presidente Mariano Rajoy. Por el conducto administrativo ordinario no habrá lista de funcionarios de la Generalitat que certifiquen que no se gastan fondos del Govern en la preparación del referéndum del 1 de octubre. 

A partir de ahora, será el vicepresident del Govern y conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, el único receptor de los requerimientos del Estado al haber asumido en tanto que superior jerárquico de la Interventora General cualquier notificación que el gobierno español pudiera hacer a la Generalitat relacionada con los gastos de la organización y preparación del referéndum. La decisión de concentrar en la figura del vicepresident el pararrayos de cualquier intento del gobierno español de situar a los funcionarios en la primera línea del conflicto tiene, al menos, dos objetivos: el primero, visualizar que después del reciente cambio de consellers en el Govern Puigdemont, el paradigma ha cambiado, y mucho, y el vicepresident aglutina realmente las funciones de coordinar, preparar y ejecutar el referéndum. En segundo lugar, ensanchar el terreno de juego de Junqueras que, por una razón o por otra, ha tenido que demorar en las últimas semanas iniciativas políticas relacionadas con el 1-O.

El género epistolar utilizado este viernes por Junqueras en su comunicación al ministro Montoro es educado, contundente y clarificador. Lo suficiente educado para que ninguna de las expresiones le pueda molestar al titular de Hacienda. Lo suficiente contundente para que no le quede ninguna duda de que los funcionarios van a quedar protegidos por más intentos que realice el gobierno español de atemorizarlos. Y lo suficiente clarificador para que el ejecutivo de Mariano Rajoy entienda que en el Govern no hay flancos con los que poder atacar y sembrar la discordia. Por cierto, una estrategia utilizada propagandísticamente no hace tanto tiempo. Es normal que al gobierno español le esté costando un tiempo aterrizar en una realidad mucho más incómoda de la que habían vaticinado sus expedicionarios en el frente catalán, que apostaron por un Govern inmovilizado y lleno de dudas ante el 1 de octubre y se encuentran a poco más de 60 días improvisando nuevas medidas judiciales.

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