Una decena de eurodiputados de diferentes países que este lunes han visitado los centros penitenciarios de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric (el Catllar), donde están recluidos en prisión provisional los nueve presos políticos catalanes, han anunciado su voluntad de dirigirse al gobierno español para pedir que les reconozca el papel de observadores internacionales durante el juicio que tendrán en el Tribunal Supremo. Uno de los eurodiputados, el francés José Bové, expresó tras la visita colegiada junto a sus compañeros de la Eurocámara que la solicitud tiene que ver con que los políticos catalanes no tienen asegurado un juicio justo. No es la primera visita de eurodiputados a las cárceles donde están los presos políticos catalanes, ya que otra delegación giró visita a las prisiones el pasado mes de septiembre.

Una vez se han presentado los escritos de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado, se está a la espera de que el tribunal anuncie las fechas del juicio, que todo el mundo coincide que será a principios de año. El Estado lo ha preparado todo para una condena dura ―ejemplar, dicen ellos―, dejando claramente a un lado la posición que sobre el referéndum del 1 de octubre han juzgado en países como Alemania, Bélgica, Escocia o Suiza. No hay miedo, por lo que parece, a la vergüenza europea ni a que la justicia española pierda crédito internacionalmente.

La manera como se ha presentado el escrito de la fiscalía, donde se relatan unos hechos de una manera que poco tiene que ver con la realidad de aquellas semanas, hace muy necesaria la presencia de observadores internacionales, que no cambiarán la decisión del tribunal pero que harán de altavoces de la insólita situación a la que se enfrentan los presos políticos catalanes en una España institucionalmente en descomposición. Un estado donde el presidente de los jueces se arroga un papel que no le corresponde y agradece en una carta enviada pocas horas antes de su fallecimiento al titular del juzgado número 13 que "cambiase el rumbo de la historia de nuestro país". 

Que el juicio no será justo, a la vista de cómo ha ido la instrucción y las penas de prisión que se piden, es algo que hoy puede darse por descontado. Que la opinión pública internacional pueda seguirlo no solo a través de los medios de comunicación sino de actores políticos de sus respectivos países, una necesidad democrática.