Aún no ha empezado el juicio a los líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo (TS) y los primeros síntomas de ausencia de imparcialidad se empiezan a hacer evidentes. Citaré dos casos de este mismo viernes: en primer lugar la interlocutoria de 145 páginas en la que el Alto Tribunal se pronuncia sobre las pruebas y los testigos propuestos por las acusaciones y defensas. La selección realizada por el TS con las más variopintas excusas tiene como consecuencia numerosas bajas y, en la práctica, acaba limitando el derecho de defensa de los acusados. Si los citan como testigos es obvio que las defensas entienden que sus declaraciones pueden servirles. El tribunal aplica un criterio reduccionista y además de dejar fuera al rey Felipe VI, tampoco acepta la declaración por videoconferencia del president Puigdemont, de relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, o de premios Nobel o intelectuales como Noam Chomsky o Paul Preston. De la lista se cae el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que era director general de la policía española y que, casualmente, distribuyó entre lo senadores de su partido un whatsapp en el que hacía referencia al presidente del Tribunal, Manuel Marchena, en la fallida renovación del CGPJ. Aquel ya famoso texto en el que decía: "controlaremos la sala segunda desde detrás".

En segundo lugar está el tema de la presencia de observadores internacionales como había solicitado la plataforma de derechos humanos International Trial Watch-Catalan Referendum Case y que agrupa a una decena de ONG's vinculadas a los derechos humanos. La plataforma había solicitado cinco asientos en la sala para seguir en directo en juicio. La negativa se pretende justificar, entre otros motivos, porque será retransmitido por televisión y ya podrán seguirlo en directo. Aunque es obvio que no es lo mismo un seguimiento presencial de un juicio tan excepcional como este que a través de la televisión, lo que se pretende es impedir la presencia de observadores internacionales y el eco de sus declaraciones cada día al finalizar la sesión.

Además está el traslado de los nueve presos políticos desde las prisiones catalanas de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses a las madrileñas de Soto del Real y Alcalá Meco. ¿Era necesario hacerlo doce días antes del inicio del juicio? ¿No había suficiente con un par de días para proceder a ello? Es obvio que el traslado disminuye su derecho a preparar una buena defensa con su abogado y altera el régimen de visitas normales de una prisión. Pero se ha mantenido la fecha del traslado prevista hace varias semanas aunque el inicio del juicio se ha retrasado siete días.

Este viernes, sendos editoriales de The Times y de The Economist hacían referencia al juicio del 1-O. El diario británico titulaba El juicio de los doce catalanes, la inquisición española y el semanario más influyente del mundo decía que el juicio puede ser visto a nivel internacional como una mancha a la democracia española. Dos juicios duros. No es extraño que en el Gobierno español todos sean nervios y hayan mandado a la responsable de España Global a dar vueltas por el mundo y a explicar la buena salud de la democracia española. Por cierto: ¿cómo es posible que ningún gobierno europeo, ni el alemán, el inglés o el francés, por poner tres ejemplos, necesite hacer campañas internacionales como esta del ministro Borrell  y de la exdiputada de UPyD Irene Lozano?