Poco claro, muy poco claro, deben de tener las asociaciones judiciales españolas cuál va a ser el pronunciamiento del Consejo de Europa el próximo lunes en Estrasburgo, donde se vota un informe demoledor que, en la práctica, impugna todo el juicio del procés del Tribunal Supremo. Sería un bofetón enorme y de ahí su nerviosismo. Y, lo dicen ellos, sería afrentoso para uno de los poderes del Estado. De ahí que le pidan a Pedro Sánchez que se movilice y utilice las embajadas y los instrumentos a su alcance para impedir la aprobación. ¿Dónde se ha visto que asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria y el Fórum Judicial Independiente- le digan al presidente del Gobierno que restituya su prestigio ante un informe parlamentario? ¿En qué queda la tan cacareada separación de poderes?

Mientras Pedro Sánchez lleva a cabo en Barcelona este pseudohomenaje de la mal llamada sociedad civil catalana en vísperas de la concesión de los indultos, España se enfrentará en Estrasburgo un juicio político de envergadura. No es cualquier cosa que un organismo internacional europeo pida explícitamente la libertad de los presos políticos catalanes y la retirada de las euroórdenes. El informe del Consejo de Europa -del que forman parte 47 estados- ya ha sido aprobado por el comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria y falta tan solo la ratificación del pleno en su reunión mensual.

Que España ha actuado con una ligereza absoluta, anteponiendo su unidad a una sentencia justa, ya solo lo discuten los jueces y el establihsment político, económico y mediático español. Importante en España, insignificante en Europa. Decenas de organismos internacionales, premios Nobel, parlamentos estatales y regionales y un sinfín de entidades del mundo entero han dicho lo contrario durante los últimos tres años. Está en juego, ciertamente, en Estrasburgo, el prestigio del poder judicial español. Es el primer match ball de los muchos que tendrá que afrontar la desprestigiada justicia española durante los próximos años ya que la partida ha cruzado los Pirineos y el juego solo ha hecho que empezar.

El informe del comité del Consejo de Europa era taxativo y catastrófico para España. Es normal que el Estado no pueda permitirse una derrota como esta, que le sitúa al nivel de Turquía. Lo más gracioso del caso es que, cuando a principios de mes se conoció, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, defendió con contundencia que el documento daba la razón a España. Fue una más de las fake news de este gobierno que, con pocos escrúpulos, es capaz de manipularlo todo sin que ninguno de sus medios afines alcen la voz.

Los jueces, con su demanda de ayuda, desmienten a la ministra y enseñan sus miedos a la opinión pública. No es poca cosa para empezar.