Desde el 14 de febrero en que se celebraron las elecciones catalanas, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya mantienen un cansino juego sobre sus negociaciones para formar gobierno. A ratos parece que van bien y, minutos después, lo que se visualiza es justamente lo contrario. Los dos partidos parece que no han entendido tres cosas: son rehenes del casi 52% de votos que logró el independentismo en las elecciones y de los 74 escaños de 135 que tiene la Cámara catalana; la agenda política tiene que responder también a la situación de excepcionalidad que vive Catalunya con una represión política, judicial y económica más propia de un estado de excepción que de la normalidad democrática existente; y el reparto del nuevo Ejecutivo debe responder al equilibrio de fuerzas entre ERC (33 escaños) y Junts (32 parlamentarios).

Parece sencillo pero no lo es ya que cada formación tiene sus partidarios del acuerdo y sus detractores, sus francotiradores teledirigidos o que van por libre, sus propias estrategias y sus propios intereses. Es legítimo que sea así en una situación de normalidad política pero mucho más difícil de entender con la autentica persecución que padecen más de 3.000 represaliados. Uno de ellos, Albert Royo, el que fue secretario general del Diplocat entre 2013 y 2017 y al que el Tribunal de Cuentas le reclama 4,5 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat, declaraba en una entrevista en El Nacional este viernes que "primero hunden a tu familia y después, prisión" y señalaba este objetivo final: "nos quieren hacer pagar la internacionalización del caso catalán. Quieren un castigo ejemplar para que a nadie se le ocurra nunca más que nos expliquemos por el mundo".

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, explicaba este viernes en conferencia de prensa que el acuerdo era posible y que se puede cerrar en cuestión de días, restó importancia a los desencuentros y puso el acento en la necesidad de tejer complicidades para rehacer confianzas. Respecto a la estructura de Govern no vio mayores escollos y señaló que el acuerdo sería inmediato a partir de invertir el reparto que se hizo en la anterior legislatura: que ERC como ganador se quede lo de Junts y Junts lo de Esquerra. Y, encima de la mesa, la consulta a la militancia que tendrá una pregunta binaria según cual sea el resultado de la negociación: de ratificación del acuerdo sí o no, si el pacto llega a buen puerto y con otro formato si la consulta es después de una ruptura de negociaciones, una hipótesis que nadie quiere verbalizar aún pero que abriría la puerta, quizás, a nuevas elecciones.

En todo este contexto, será importante la respuesta que este sábado dé Pere Aragonès, que comparecerá en rueda de prensa después de una ejecutiva de ERC. El fino hilo que aguanta las negociaciones no resistirá muchas más etapas de tensión sin romperse. Aragonès y Sánchez como principales negociadores, son, seguramente, los más conscientes de ello. El gobierno en solitario de ERC vuelve a estar encima de la mesa, pero si difícil es el acuerdo para gobernar juntos parece casi imposible para que solo gobierne Esquerra. Porque para ello, el acuerdo también es necesario.