El Ministerio de Hacienda podrá no liquidar a Catalunya los anticipos que le debe –unos 1.317 millones de euros– a menos que los tribunales de justicia le obliguen. La ministra Montero ya tiene, supuestamente, el informe que, el martes, primero dijo tener y después se desdijo, de la Abogacía del Estado. El Gobierno sostiene que estando como está en funciones no puede hacer este adelanto y sus letrados, como no podía ser de otra manera, le dan la razón.
Nadie pensará, excepto los independentistas catalanes y quizás Podemos, que es una nueva argucia del ejecutivo de Pedro Sánchez, dispuesto como está a crear un clima de culpabilización absoluta de todas las formaciones por no facilitarle la investidura. Podemos es en este esquema un partido repleto de ególatras que quieren estar en el Consejo de Ministros a cualquier precio cuando no tienen dirigentes preparados y, además, comprometerían la cohesión del Ejecutivo. Demasiado de izquierdas y alguna que otra veleidad con el mundo independentista, al que simplemente no le gusta ver a sus dirigentes en prisión.
PP y Ciudadanos también son insolidarios por no abstenerse y facilitar la investidura de Sánchez. A la formación de Casado se le recuerda permanentemente que el PSOE se abstuvo en una situación similar con la investidura de Rajoy. Eso sí, con un matiz, antes el PSOE de González, Rubalcaba y Susana Díaz tuvo que descabalgar a Sánchez de la secretaría general del partido. Albert Rivera tampoco está en eso desde que dio el salto definitivo a una formación de derechas.
Sánchez aplica a todos su correspondiente jarabe de ricino para que se ablanden en la negociación; y, mientras eso sucede o no, él trata de aparecer ante la opinión pública como el único estadista. Eso sí: nunca cumple lo que promete su segunda, Carmen Calvo, y para ello es capaz de utilizar, en el caso catalán, la asfixia financiera. Y si hay problemas, se tira de la Abogacía del Estado y ya está.