Cuanto más tarde se produzcan los dos anuncios será peor: solo la dimisión del senador del Partido Popular Ignacio Cosidó después de que haya trascendido un whatsapp enviado por un grupo, del que son miembros un centenar de senadores, en el que se vanagloriaba del acuerdo con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y afirmaba, textualmente: "Controlaremos la sala segunda desde detrás"; solo eso, unido a una inmediata ruptura del pacto o la renuncia de los magistrados que van a componer el órgano de gobierno de los jueces puede salvar mínimamente el descrédito en que se ha sumido la justicia española.

El nuevo CGPJ acordado por el PP y el PSOE nace herido de muerte. Sin crédito alguno. En los últimos tiempos hemos visto de todo y muchas cosas a las que costaba dar crédito. Oímos aquel lamentable "la fiscalía te lo afina" en la esperpéntica conversación entre un ministro del Interior y el responsable de la Oficina Antifrau de Catalunya. El segundo tuvo que renunciar a su cargo una vez el Parlament lo destituyó y hoy ha recuperado su plaza de juez en el norte de España. Pero lo de ahora ha sido mucho peor. Infinitamente peor. Se trata de jueces y magistrados  que conformarán el CGPJ, de la sala segunda del Supremo que ha de juzgar a los presos políticos catalanes, del nuevo presidente del TS, de cientos de nombramientos de jueces que se producirán en los próximos años... Y de la ilegalización de los partidos independentistas como un objetivo a tener muy en cuenta en el acuerdo alcanzado.

Aunque hay un evidente interés por rebajar el escándalo que se ha producido, como si fuera una cosa incluso natural, es imposible que se alcance el objetivo. Tan solo las insinuaciones que se hacen en los whatsapps del juez Manuel Marchena, quien está llamado a ser el próximo presidente del CGPJ y del TS, ponen en cuestión muchas de sus decisiones pasadas. No es un tema baladí ya que la arquitectura jurídica que se ha construido para el juicio del 1-O ha tenido en Marchena, según muchos actores conocedores de la situación, el ideólogo de la causa. Ahora, se pone negro sobre blanco lo que sabíamos o sospechábamos, y lo peor es que es mucho más grave de lo que imaginábamos.

¿Con qué autoridad emitirá la sentencia sobre el 1-O el Tribunal Supremo? ¿Con qué autoridad comparecerá el Rey en su mensaje navideño a decirnos que la justicia es igual para todos? ¿Con qué autoridad en la inauguración del próximo año judicial se hablará de la independencia judicial? España está en el lugar 25º entre los países miembros de la UE en independencia judicial y en el 72º de 148 países del mundo. ¿Cuántos escalones caerá con esta aterradora información? ¿Hasta cuándo puede seguir el destrozo de las instituciones españolas?