Hace unos años, cuando el poder político era el que dominaba la escena pública, al menos aparentemente, y no había habido un impúdico repliegue de sus representantes cediendo las posiciones que en un país democrático les toca ocupar, difícilmente se hubiera llegado a una situación tan extrema como la vivida este miércoles en el cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca, con motivo de la celebración de la fiesta de su patrona, la virgen del Pilar, el próximo 12 de octubre. Que la situación es de una gran tensión es evidente. Que el recelo de las fuerzas de seguridad del Estado frente a los Mossos d'Esquadra persiste, una obviedad. Pero la política la hacen -o la deberían hacer- los políticos; la justicia la tendrían que hacer sin presión alguna los jueces; y los uniformados, pertenezcan al estamento militar que sea o a un cuerpo armado, cumplir órdenes y dejarse de discursos políticos y, para algunos, incendiarios.

Eso no ha sucedido con el jefe de la Guardia Civil en Catalunya, el general Pedro Garrido este miércoles en Sant Andreu de la Barca. Y, con una intervención de alto voltaje político vinculando el movimiento independentista, que definió como la revolución de las sonrisas, con el odio, la mezquindad, la destrucción, el dolor y el sufrimiento "bajo la justificación de una causa que la ley no contempla", recordó que hace dos años -en referencia a la actuación de la Guardia Civil en el referéndum del 1 de octubre- los miembros del cuerpo armado ya se mantuvieron "firmes en su compromiso con España" y advirtió que "cada vez que sea necesario lo volveremos a hacer". Unas palabras, estas últimas, nada casuales, ya que se corresponden con el "Ho tornarem a fer" del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, en prisión provisional desde hace casi dos años. Hubo otras expresiones de difícil justificación y un elogio de la labor de investigación del cuerpo que ha desencadenado toda la causa judicial contra el major Josep Lluís Trapero y la anterior cúpula de los Mossos.

Que los responsables políticos y los jefes de los Mossos presentes en el acto lo abandonaran inmediatamente y se sintieran ofendidos, casi es una anécdota al lado de la gravedad de la situación. Dicen en el cuerpo de Mossos que la delegada del gobierno español en Catalunya, Teresa Cunillera, se disculpó por la tarde en su nombre y en el del ministerio del Interior. Bienvenida sea la disculpa si es así, ya que oficialmente nadie lo ha querido confirmar desde la Administración del Estado, quizás, para no hacer más grande la bola y para evitar que la prensa de Madrid este jueves la crucifique.

En esta batalla, muchas veces entre bandos, ¿no hay nadie que, desde Madrid, pueda decir en voz alta que no es propio de un país democrático que los uniformados hagan discursos políticos? Recuerdo que, incluso, en 1982, cuando Narcís Serra llegó al Ministerio de Defensa como primer ministro socialista habría, en estos casos, una investigación para conocer los hechos. Hasta en eso hemos ido hacia atrás. Hoy, seguramente, nadie se atrevería a ello. Mucho más, en la situación actual en la que, lamentablemente, parece que todo vale para acabar con el independentismo catalán.