La imputación del TSJC contra el exconseller de Justícia de la Generalitat y diputado de Junts pel Sí Germà Gordó, acusado, entre otros delitos, de tráfico de influencias, soborno, prevaricación y malversación de fondos públicos por el llamado caso del 3% le obliga a dimitir de su escaño sin mayor dilación. De no hacerlo, la dirección del grupo parlamentario no tendrá más remedio que pedirle el acta y, si no la entrega, expulsarlo. Como deberá apartarlo el PDeCAT, surgido de la refundación de Convergència y que con una nueva dirección trata de abrirse paso entre hostilidades externas y dificultades internas. Gordó debería seguir el consejo de Marta Pascal y renunciar a su escaño ya que ir en dirección contraria camino del Grupo Mixto no es, ni mucho menos, un acto de legítima defensa ante la acusación del TSJC, sino emplear un acta de parlamentario que no le pertenece como un escudo individual. Un gesto de deshonor.

No es esta la tribuna ni es el momento para abordar en profundidad los destrozos que se han producido desde hace mucho tiempo con la obligada presunción de inocencia. Obstinarse en llevar los casos de corrupción a este debate, puede ser legítimo para el afectado pero es una enorme pérdida de tiempo. Sobre todo, porque al falso discurso de que los restos de aquella todopoderosa Convergència se sumaron para tapar los casos de corrupción existentes solo se le puede contestar con hechos que lo desmientan. Y estos pasan por medidas estructurales contra la corrupción, máxima transparencia y asunción de responsabilidades con un grado muy alto de exigencia pública.

El exconseller deberá defenderse, claro está, y le asiste la presunción de inocencia, pero los retos que tiene el espacio independentista por delante no le permiten llevar un lastre que, razones personales a un lado, es prescindible. A los representantes electos, la política les permite representar a los ciudadanos y cuando eso ya no es así, la única decisión legítima es apartarse. Se lo debe a su partido, a los ciudadanos que le han votado y al president Mas, del que se alejó irreversiblemente cuando se realizaron las listas electorales de septiembre del 2015 en las que Gordó quiso figurar a toda costa. Lo consiguió, pero perdió cualquier relación de afecto con su mentor.

Solo con una respuesta clara, contundente y sin matices al enroque de Gordó, el independentismo podrá responder unido al enorme desafío que tiene por delante. Como demuestra cada día el gobierno español, no hay tiempo para despistarse. Y mientras la noticia sea la ceguera de unos pocos encastillados en su escaño, el resultado será que pasará como una cosa menor el atropello de la Fiscalía queriendo castigar con nuevas penas la consulta del 9-N ya juzgada y con condenas en el TSJC y en el Tribunal Supremo. Deberíamos estar hablando de esto y no de un chantaje de un diputado con pasar al grupo mixto.