La renuncia de la Fiscalia belga a presentar un recurso ante el Tribunal de Casación, después de que el Tribunal de Apelación procediera a rechazar el jueves la extradición del conseller de Cultura en el exilio, Lluis Puig, es una decisión de suma importancia que, en la práctica, deja tumbado en la lona al juez Pablo Llarena y, por extensión, al Tribunal Supremo. La carrera de la judicatura española para lograr la extradición de los exiliados políticos catalanes fracasa estrepitosamente y de manera casi definitiva.

Nadie parece recordar ahora el jolgorio montado en los medios de comunicación españoles —también en los catalanes— cuando en octubre de 2017 una parte significativa del Govern se plantó en Bruselas esquivando a la policía española, en un intento de encontrar en Europa la justicia que no tendrían en España. Muchas portadas vergonzosas, lo más alejadas del periodismo; muchos políticos en una auténtica cruzada contra el independentismo y el rey Felipe VI encabezando la persecución. Las recientes palabras de Nancy Pelosi tras la insurrección de Estados Unidos señalando, y cito literalmente: "Somos un estado de derecho. No somos una monarquía con un rey", deberían ser puestas en bucle en la Zarzuela, la Moncloa y en todos los estamentos oficiales.

Casi 40 meses después del inicio de aquel exilio se ha producido la que es, quizás, la sentencia más definitiva de todas las que ha habido hasta la fecha: ninguno de los miembros del Govern será extraditado a España siguiendo el criterio de la sentencia del conseller Puig. No hay suficiente típex para tapar la vergüenza que supone para la alta judicatura española la decisión de la justicia belga y el desistimiento de la Fiscalía.

A partir de ahora, nadie que no obre de mala fe debería cuestionar ya dos o tres generalidades: la primera, la justicia europea ha desnudado los procedimientos de la justicia española; la segunda, solo la venganza o la no aceptación del ridículo en que han quedado justifica que los presos políticos sigan en prisión; y tercero, primero perdió el gobierno de Mariano Rajoy, ahora el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Qué esperan para iniciar una ley de amnistía, si su puesta en libertad corresponde al Supremo que no lo va a hacer, como tienen sobradamente acreditado?

El Estado español, que empezó a perder la batalla de las extradiciones cuando la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no concedió la del president Puigdemont por rebelión en mayo de 2018, recibe ahora una estocada definitiva. Hay justicia más allá de los Pirineos y eso es una muy buena noticia. No compensa ni la soledad del exilio, ni la injusta prisión, pero es una bocanada de aire fresco en defensa del estado de derecho. 

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