Con cara de circunstancias, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha comunicado a la opinión pública que el fiscal jefe Anticorrupción hasta hace unas horas, Manuel Moix, dimitía "por razones personales" ya que "no había motivos para su destitución". Maza ha dicho muchas otras cosas, pero la síntesis de la defensa pública del fiscal dimitido es esta. No se puede estar haciendo permanentemente daño al Estado de derecho desde las instancias judiciales. Si Maza lo hace para salvar a su estrecho colaborador no puede ser a cambio de desproteger la importante función de la Fiscalía Anticorrupción. Y si realmente piensa lo que ha dicho, debe irse a casa con su subalterno.

Moix ni ha dimitido por voluntad propia, ni el motivo de su renuncia era una nimiedad. El ex fiscal jefe Anticorrupción ha tenido que abandonar el cargo después de que fuera descubierto que poseía un 25% de una sociedad offshore radicada en Panamá, que lo hubiera ocultado a los organismos correspondientes a los que se lo tendría que haber comunicado y que durante estas últimas horas ofreciera versiones diferentes, a medida que se iban conociendo nuevas informaciones. Esta es la realidad. Y también es verdad que en un país normal, con separación de poderes entre la política y la justicia, y donde el nivel de exigencia fuera más alto, ya no hubiera tenido que superar las sospechas que se cernían sobre él por el caso Lezo y por el que permanece ingresado en prisión el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Todo eso, en los 87 días que ha ocupado el cargo.

Aunque el ministro de Justicia ha intentado protegerse del importante incendio que se ha desatado, es evidente que su imagen, ya muy debilitada, pierde aún más fuerza en el Consejo de Ministros. Rafael Catalá permanecerá en el cargo el tiempo que el presidente Mariano Rajoy quiera, pero su situación ni es sostenible ni es lógica. Un ministro que es reprobado en el Congreso -el primero que lo ha sido en la democracia española- puede aferrarse a su silla todo el tiempo que quiera. Pero ello ni le garantizará la permanencia ni le devolverá la autoridad perdida. La justicia ya está suficientemente atropellada en España como para que todo siga igual mientras los ciudadanos solo podemos pensar que se están riendo de nosotros.