La internacionalización de la economía catalana no solo es, en muchos aspectos, un éxito, sino que el cierre final del ejercicio, que se publicitará en las próximas semanas, culminará el año 2016 con una cifra récord que no hace sino evidenciar la enorme fortaleza del tejido empresarial catalán. El ruido político que siempre se quiere utilizar desde el Gobierno del Estado y otras instituciones como una muestra de la fragilidad de la economía catalana no se ve reflejado en las estadísticas que después ofrece el mismo Ejecutivo español y, en este caso, el Ministerio de Economía y Competitividad. Son muchas las cifras del estudio pero destacaré sobre todo que en los 11 primeros meses del año pasado se superaron en un 2% las exportaciones de 2015, que ya fue un año récord, y que las exportaciones catalanas suponen más del 25% de las españolas. 

En un momento en que se utiliza más que nunca el argumento de que el proceso político catalán está perjudicando a la economía en un doble aspecto, la salida de las compañías al exterior y la llegada de empresas extranjeras a Catalunya, los datos y los números son más importantes que nunca. En las últimas semanas han sido varias las empresas extranjeras que han anunciado un aumento de sus inversiones en sus plantas u oficinas de Catalunya y muchas más han decidido fijar sedes aquí. Ejemplos de multinacionales en una de estas dos tesituras son Tesla, Amazon, Volkswagen, Decathlon o Epson por citar solo unas cuantas de las más recientes. Y, unos meses antes, Lenovo, Nestlé, HP, Nintendo, Basf o Korea Telecom, por ejemplo.

Es obvio que el unionismo tiene un problema de discurso y que no había preparado la batalla dialéctica para una confrontación tan larga. Y eso se ve desde los escasos argumentos para oponerse al referéndum, la pasividad a la hora de establecer cualquier tipo de negociación -no solo sobre el referéndum- con el gobierno catalán y la incapacidad para seducir a una parte significativa y mayoritaria de la sociedad catalana con debates a la altura de una colectividad madura y democrática. Al final, el argumento de amenazar con inhabilitaciones y multas económicas y especular con fórmulas similares a la suspensión de la autonomía o, hipotéticamente, llegar al extremo de la prisión para cargos electos puede ser coercitivo, pero dista mucho de ser convincente. Y, además, supone entrar en un juego enormemente peligroso.