Ha pasado muy desapercibida una noticia de la que después de las elecciones y fuera de la actual vorágine del 28 de mayo, sin duda, oiremos hablar y me temo que bastante. Se trata de saber qué ha hecho España con las importantes ayudas recibidas desde Bruselas como fondos Next Generation. Ha sido la presidenta de la Comisión de Control Presupuestaria del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, alemana y perteneciente a la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), la marca de la CDU en aquel land del sur de Alemania, la que ha lanzado la alerta sobre el reparto de unos 40.000 millones de euros, la falta de información facilitada por el gobierno de Pedro Sánchez y la opacidad sobre el destino de estos fondos y el tipo de proyectos que se pueden haber realizado. La eurodiputada alemana ha estado incisiva y prudente a partes iguales: carecemos de información, la cuestión es subsanable pero es preocupante que aún estemos así. Una manera elegante de apretar a España, pero también de recordarle que no puede hacer lo que quiera con el dinero recibido.

Se tenía que llegar a este momento, ya que no es que Bruselas desconozca con precisión quirúrgica lo que se ha hecho con este dinero, sino que la opacidad existente no hace otra cosa que alimentar las especulaciones de que no todas las ayudas se han empleado en proyectos de transformación digital o para cuestiones medioambientales al margen de los presupuestos generales del Estado. No es, por tanto, una caja B para disponer de más dinero para proyectos ordinarios, sino que los miles de millones han de servir para la modernización real de la economía española, una auténtica batalla de muchos estados de la UE, sobre todo los de la órbita alemana y del norte de Europa, que tienen bien presente qué ha sucedido con ayudas europeas en momentos no tan lejanos.

Veremos cómo explica la vicepresidenta primera Nadia Calviño, gestora con mano de hierro de las ayudas europeas, el detalle de lo gastado en los fondos Next Generation y si satisface a Europa, ya que en España las quejas de que el dinero no ha llegado allí donde tenía que llegar también son una realidad. Así como que, a la hora de recibirlos, ha habido un peso muy importante de las grandes empresas con sede en Madrid en detrimento de otras zonas territoriales y de compañías de dimensión diferente. Un ejemplo de esa arbitrariedad y falta de lógica es cuando se decidió desviar dinero de los fondos europeos del corredor mediterráneo hacia Madrid o Castilla-La Mancha, que poco o nada tienen que ver con el litoral mediterráneo.

Todo ello en medio de un inexistente control del gasto público, con permanentes toques de atención por parte de las autoridades europeas que reclaman a Sánchez un mayor control del mismo, mientras desde el gobierno español no dejan de hacerse promesas de mayor gasto, sobre todo en la montaña rusa electoral en la que ha entrado el Estado con municipales y autonómicas el 28 de mayo y elecciones españolas antes de final de año, presumiblemente a principios de diciembre, coincidiendo con el final de la presidencia europea, que por turno le toca en el segundo semestre del presente año a Pedro Sánchez. Aunque el presidente del Gobierno no suele hacer coincidir promesa de inversiones con ejecución real de las mismas, el ritmo de compromisos presupuestarios que se está adquiriendo difícilmente podrá alcanzar a este paso el punto de convergencia que Europa le demanda.