Esquerra ya tiene el aval de sus militantes para la investidura de Pedro Sánchez: si el PSOE no acepta sus condiciones de una mesa de diálogo entre los dos gobiernos, el español y el catalán, sin líneas rojas, con calendario concreto y garantías de revisión automática de su cumplimiento, el presidente en funciones no podrá contar con los imprescindibles trece diputados republicanos para ser reelegido. Deberá Sánchez entonces recurrir a la vía de Ciudadanos o del Partido Popular.

De los 8.500 militantes de ERC con derecho a voto, casi el 95% de los que han participado en la consulta han avalado la posición de la dirección y han votado no a la investidura si no hay un cambio brusco del paradigma político actual. Las formaciones lideradas por Sánchez y Oriol Junqueras ya tienen un mandato de sus respectivas organizaciones para empezar a negociar, aunque no será rápido.

Todo el mundo necesita tiempo para los cambios de discurso y dos semanas desde la celebración de las elecciones del 10-N se antoja un tiempo insuficiente. En la última negociación seria de las protagonizadas por el entonces determinante nacionalismo de CiU, en 1996, Aznar y Pujol necesitaron su tiempo para rebajar el "Pujol enano, habla castellano" de la noche electoral y transitar a aquella declaración tan falsa como innecesaria de amor a la lengua catalana que pronunció en TV3 el líder del PP: “Debo decir que el catalán lo leo, lo entiendo y, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, lo hablo también”. Después se supo que aquella fue una de las condiciones ineludibles de Pujol: que Aznar convenciera a su parroquia de que nada se haría contra la lengua catalana y la inmersión. 

Cuando estos días se escucha al PSC cuestionar la inmersión lingüística, uno no puede dejar de pensar en aquella transacción de 1996, con la diferencia que igual el PSC lo que ha hecho es provocar un innecesario incendio para aparentar una cesión posterior. Quién sabe. El PSC tiene una maquinaria preparada para todo, como con su última propuesta congresual para que se reconozca Catalunya como una nación y España como un estado plurinacional. Lo tumbó el TC en el Estatut del 2006 y 13 años después lo que proponen los socialistas catalanes es empezar desde el mismo sitio y, en ambas ocasiones, con un presidente socialista en la Moncloa. En definitiva, caminos hacia ninguna parte