Aunque nadie esperaba que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se posicionaran este lunes a favor de la libertad provisional de los presos políticos catalanes, una vez ha finalizado el juicio en el Tribunal Supremo y a la espera de que se conozca la sentencia, es oportuno releer uno de sus argumentos públicos: "El riesgo de reiteración delictiva que se concreta en la actitud de permanente resistencia civil e institucional frente al orden constitucional, que se ha acreditado especialmente con la intervención de los acusados al ejercer el derecho a la última palabra". Conocemos, así, la valoración del Ministerio Fiscal de dos cosas.

En primer lugar, como el mismo escrito dice, de los alegatos de los presos políticos el pasado miércoles durante su turno de exposición en el Tribunal Supremo en el que varios de los encausados, con una gran dignidad, expusieron su papel en los hechos de octubre de 2017 y defendieron con la mirada alta su actuación. Destacaron en aquella sesión, sin duda por la potencia del mensaje, las palabras de Jordi Cuixart, quien afirmó sin perder la sonrisa que le caracteriza que "ho tornarem a fer". A todo ello, la Fiscalía le llama reiteración delictiva, expresión también utilizada por la Abogacía del Estado.

En segundo lugar, los escritos son una constatación de que el informe del grupo de trabajo de la ONU, que califica la prisión provisional de diversos acusados de arbitraria y pide la puesta en libertad, va a ser papel mojado ya que no hay voluntad alguna de seguir las directrices y recomendaciones de organismos internacionales.

El Estado español sigue así encerrado en su burbuja doméstica como también se ha visto en la negativa a conceder las actas de eurodiputados a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín. Fueron electos si uno se leyó la publicación de los nombres de los eurodiputados que consiguieron su escaño al Parlamento Europeo en las elecciones del pasado 26 de mayo, pero después de pasar el típex la Junta Electoral Central eso ya no es así. En el caso de Puigdemont y Comín es porque si viajaran a Madrid serían detenidos y, en el de Junqueras, porque no se le permite formalizar el trámite en el Congreso de los Diputados y se le impide acceder por motivos torticeros a su acta de europarlamentario.

La interesante partida que juegan Puigdemont y Comín con el Estado español y que acabará en pocas fechas en la justicia europea está, a juicio de muchos observadores, enormemente abierta. La estela de buenos resultados del abogado Gonzalo Boye en sus reiterados pulsos con la justicia española teniendo Europa como epicentro de las decisiones otorga, en este caso, expectativas para que una vez más vuelva a ser así. Si se diera este caso, el fracaso español sería rotundo por lo fuerte que ha jugado el Estado y porque el escaño de eurodiputado logrado por Puigdemont le conferiría inmunidad parlamentaria, una circunstancia que las autoridades de Madrid no se quieren ni plantear, ya que además de ser terriblemente enojosa desarbolaría todos sus discursos. Dicho en plata, sería incluso más grave que cuando la justicia alemana puso en libertad a Puigdemont desoyendo todos los argumentos del Tribunal Supremo y oponiéndose a su entrega por el delito de rebelión.