De entre todas las lecturas que pueden realizarse de lo acordado por el Tribunal Constitucional seguramente la más acertada es aquella que dice que agosto no es mes para decisiones graves e irreversibles. Así, el TC admitió de oficio el recurso presentado por la Abogacía del Estado en nombre del Gobierno español en funciones, dictó una serie de providencias para recabar más información y sus doce miembros retornaron a las vacaciones que ya habían iniciado. En septiembre, en todo caso, será otra historia.

Se desconoce qué nivel de conflicto subterráneo puede haber habido entre el Gobierno español y el Tribunal Constitucional sobre el alcance final de la decisión a adoptar. Por lo visto y leído desde el pasado miércoles, desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy se pensó inicialmente en un objetivo mucho más elevado: el TC tenía ya competencias para actuar penalmente contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, después de la modificación de la ley del Tribunal Constitucional y ese debía ser el camino. Al final, no solo el TC no ha adoptado este camino que, por otro lado, habría sido entendido como toda una provocación, sino que se ha limitado a suspender el acuerdo del Parlament, cosa que ya ha ido haciendo de una manera recurrente en los últimos meses.

La reacción coordinada del Govern, empezando por su presidente, al asegurar que solo piensa obedecer al Parlament y seguida a lo largo de la jornada por varios de sus consellers, deja políticamente hablando en papel mojado la decisión del Constitucional. Es tan así que el Govern y el Parlament no han corregido el calendario de ninguna de las leyes de desconexión y en las próximas semanas el pleno de la cámara verá la proposición de ley del Codi Tributari de Catalunya, una de las tres iniciativas que ya ha completado los trabajos de la ponencia conjunta, que llevaban meses trabajando los diputados y que no es otra cosa que el esqueleto de la futura Hacienda catalana. La ley de la Agència de Protecció Social va un paso más avanzada ya que el pleno le ha dado trámite para su debate en comisión y faltará la ley de Transitoriedad Jurídica, que aún no ha iniciado el trámite parlamentario y que completará el arsenal jurídico con que trabajan el Govern, Junts pel Sí y la CUP para llevar a cabo su proyecto de Estado independiente.

No es extraño que, para algunos, lo más novedoso de la anunciada resolución del TC no fuera el pronunciamiento del Alto Tribunal sino la contundente respuesta del Govern y su compromiso con la hoja de ruta del 27-S. Algo que no es nuevo pero que en Madrid adquiere aire de rebelión.