Una de las incógnitas con las que acabó el curso político parece definitivamente resuelta: el president de la Generalitat, Quim Torra, no convocará elecciones antes del juicio en el Tribunal Supremo sobre su inhabilitación previsto para el 17 de septiembre y tampoco en el interregno previsto entre el juicio y la sentencia que le inhabilitará si se mantiene lo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. De esta manera, el curso político pasará a tener dos únicas prioridades: el inicio del curso escolar en muy pocos días con todas las incertidumbres derivadas de la situación provocada por la Covid-19 y la crisis económica después de un verano sin turismo extranjero, con cientos de miles de catalanes aún en ERTO y con un septiembre en que muchos locales comerciales ya no subirán la persiana.
Durante todo el verano, Torra ha madurado su decisión en medio de datos, muchas veces preocupantes, sobre la evolución del coronavirus en diferentes zonas de Catalunya. A partir de este lunes, las grandes urbes metropolitanas volverán a estar con su nivel de ocupación habitual, lo que será un nuevo elemento de preocupación para la evolución de los contagios. Y aunque existe la certeza en las autoridades de que el curso escolar se ha preparado bien, todo se puede ir al traste si el control de la enfermedad en los centros escolares es diferente al previsto y las curvas ascienden vertiginosamente.
La convergencia de esta preocupación con una opinión bastante extendida en Junts per Catalunya de que en la preocupación de los ciudadanos las elecciones no ocupan, en estos momentos, una posición destacada ha hecho decidido a Quim Torra. Podría darse el caso, difícil, de que el Supremo aplazara el juicio a Torra por la evolución de la situación sanitaria en Madrid. Y también podría retrasarse la sentencia, por razones internas del Supremo, que siempre se había especulado que saldría unos diez o quince días después del juicio. Si se cumpliera este calendario, sobre el 1 de octubre se activaría la inhabilitación de Torra, que, en la práctica querría decir que tendría que abandonar el cargo.
Si no hubiera un acuerdo parlamentario, cosa más probable, la legislatura moriría con los plazos previstos en el Estatut y el reglamento del Parlament al no haberse podido investir un nuevo president y automáticamente se convocarían elecciones. Serían unos comicios, por segunda vez, no convocados por el president de la Generalitat ya que en las elecciones de diciembre de 2017 el president y el Govern de Catalunya habían sido suspendidos en sus funciones por Mariano Rajoy y la aplicación del 155 de la Constitución. Un ejemplo más de la excepcionalidad de la política catalana y de la incursión de la justicia española en su calendario electoral.