Por segunda vez en el plazo de una semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha rehusado contestar cualquier pregunta que tuviera que ver con la fuga del rey emérito de España, su periplo hacia un paradero desconocido, la participación del ejecutivo en la organización de la huida de Juan Carlos I y el coste para el erario público que está teniendo ya que viaja acompañado de funcionarios (guardia civiles) para su seguridad. Parapetado en la confidencialidad de las conversaciones con Felipe VI, al término de la audiencia en Marivent, ha esquivado las preguntas que se le han hecho en una conferencia de prensa y ha derivado hacia la Casa del Rey o el propio emérito fugado cualquier información.
Estamos ante una situación insólita —la fuga de un exjefe de estado por acusaciones de corrupción— de la que nadie autorizado oficialmente quiere facilitar ninguna información con el peregrino argumento de que es un ciudadano libre, no está imputado en ninguna causa judicial y, en consecuencia, tiene libertad de movimientos. Una explicación que choca con el sumo interés existente en insistir una y otra vez en la inviolabilidad de sus actos de acuerdo con el artículo 56.3 de la Constitución. Y que es contraria a las voces que apuntan que después de su abdicación, en 2014, puede ser juzgado por todos los delitos realizados a partir de esa fecha.
Es un ciudadano libre, pero no es un ciudadano más. Y es aquí donde el silencio de Pedro Sánchez tiene poco o nada que ver con la confidencialidad de los despachos con Felipe VI. Es un silencio cómplice de un apagón informativo que compromete seriamente al gobierno. No es la vida privada del rey emérito la que tiene que ser objeto de una explicación por parte del presidente del gobierno sino la participación del ejecutivo en una huida al extranjero que el propio vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, calificó de indigna y por la que pidió en voz alta a Juan Carlos I que responda de sus actos "en España y ante su pueblo".
De eso se trata: de denunciar el manto protector y colaboracionista del gobierno en una actuación indigna del emérito, que lejos de situar una barrera entre el fugado y el resto de la familia real hace que todo parezca lo mismo.